El gremio docente marcó postura respecto de la suspensión, por 30 días, de seis supervisoras escolares y la apertura de una investigación y sumario administrativo. “Es una muestra más de la clara persecución política al sector docente”, señalaron.
RIO GRANDE.- A través de un comunicado el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) repudió al gobierno por la suspensión por 30 días de seis supervisoras escolares y la apertura de una investigación y sumario administrativo.
“La clara persecución política al sector docente es una muestra más por parte del Gobierno de la falta de reconocimiento por el que piensa distinto, por el que se manifiesta, por el que disiente”, indica el documento del gremio docente.
Y agrega que es “una muestra más de la verdadera cara de un Gobierno antidemocrático que no tiene límites en cuanto al autoritarismo con el que se maneja”.
Para el gremio docente la determinación del ejecutivo “es una clara intervención a la Supervisión, cosa que no han hecho ni siquiera los gobiernos más retrógrados y reaccionarios.
El fin de semana numerosos docentes se convocaron en una asamblea general. “Cabe destacar que las compañeras no sabían que había una investigación en curso, tomaron conocimiento en el mismo momento en que fueron notificadas de la suspensión”, agrega el documento.
Cabe recordar que mediante una resolución del Ministerio de Educación se resolvió la semana pasada la suspensión de la Supervisora de Nivel Inicial, Primario, Jóvenes, Especial y Adultos Adriana Salguero; las Supervisoras de Nivel Primario Analía Eugenia Torres y María Vargas; las secretarias Técnicas de Supervisión de Primario, Estela Maris Finos y Silvia Quiroga; y finalmente la secretaria Técnica de Supervisión Escolar Claudia Balmaceda.
Verónica Aguirre, secretaria de Educación de la Provincia, explicó que se han detectado “irregularidades” en las actuaciones de las Supervisoras en los últimos meses. Y destacó que “hay escuelas donde se reclaman cargos, se pregunta qué pasa con los cargos que se entregan y lo que ocurre es que al Ministerio no llega la información porque se obstaculizó el funcionamiento de las escuelas”.
Aguirre señaló que se trata de una medida “preventiva” para poder investigar sobre las actuaciones de la supervisión. Y aclaró que “no se trata de una intervención” porque se va a llamar a los trabajadores que sigue en el listado “para que se haga cargo del trabajo de la supervisión como corresponde”.
Entre las cuestiones que reclama la cartera educativa a las supervisoras, indicó que “son las encargada de trabajar y pasar la información a la Supervisora General que es quien decide y da una respuesta a la cantidad de docentes. En todo este tiempo no dio respuesta a muchas instituciones, y no se brindó respuestas a los pedidos del Ministerio que se solicitó, algo que es muy grave”.
Además la funcionaria recordó que cuando el Ministerio dictó la resolución para reemplazar a los docentes de paro con docentes auxiliares “se le pidió los datos fehacientes de la situación de las escuelas, la cantidad de grados afectados, y se tardó muchísimo tiempo en pasar información y siempre fue incompleta”. Según Aguirre “eso produjo mucho malestar con toda la comunidad educativa y el Ministerio tuvo que trabajar con esa falta de información, se vio afectado el servicio de educación por una mala de predisposición que suponemos y eso es grave, por eso estamos investigando”.
