BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno apoyará una nueva ley de regulación del gas licuado de petróleo si el Congreso se decide a declarar servicio público a ese producto, por considerar que ahora es «muy poco transparente».
Así lo anticipó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al sostener que la escasez de garrafas que se suele registrar en algunas zonas del país en los momentos de mayor demanda como el invierno responde a «una forma de comercialización que no es tan trasparente». Aranguren se presentó ante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías, en el Senado, donde habló de los alcances de las resoluciones 99/2016 y 111/2016 referentes al ajuste de precios, cuadro tarifario, límites y tarifa social tanto en la energía eléctrica como en el gas.
El funcionario aclaró que en todo el mundo el fraccionamiento de GLP siempre ha sido un negocio «poco transparente», por lo que coincidió con el senador Fernando ´Pino´ Solanas (Libres del Sur) en que ha llegado del momento de poner la lupa sobre este sector e impulsar un nuevo marco regulatorio.
Pero aclaró que depende del Congreso que la garrafa sea considerada un servicio público, dado que no es una medida que se pueda tomar por decreto o resolución de Presidencia de la Nación: «Participaremos de cualquier debate que se dé en este ámbito», garantizó.
En la actualidad, es la ley 26020 –sancionada en 2005- la que dispone el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercializacion de Gas Licuado de Petróleo.