El juez interino Andrés Leonelli ordenó un allanamiento en la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad, tras una denuncia por presuntos sobre precios en contrataciones de tres empresas debidamente identificadas.
RIO GRANDE.- Una denuncia por presuntos sobre precios en la obra pública, que presentó el abogado particular Francisco Gímenez, el juez interino Andrés Leonelli ordenó un allanamiento en la Municipalidad, que se realizó la noche del jueves, donde se procedió al secuestro de documentación y todo elemento de interés respecto a la contratación de las razones sociales denominadas Lapabros Automotores SA, Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios SA y/o Patagonia SRL.
El intendente Gustavo Melella hizo declaraciones este sábado sobre este asunto, el cual consideró un ataque a su gestión, en lo que más le duele que es poner en duda la transparencia en su gestión de gobierno y aseguró que “yo no soy un corrupto”. Además, apuntó sus críticas al juez interino que ordenó la medida judicial y a un grupo de empresarios que “no adecuan sus costos” a lo pedido desde el Municipio (ver aparte).
En el libramiento de la medida judicial, el doctor Leonelli ordenó el secuestro de todo expediente administrativo, registros contables, registros de movimientos bancarios, auditorías, documentación vinculada con la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal en su función de órgano de control externo y toda documentación respaldatoria y/o complementaria relacionada con las empresas antes indicada.
También incluyó registros informáticos, de la auditoría interna del municipio, tesorería y otras áreas en los que se pudiera hallar información relacionada con los hechos que se investigan, así como copias del sistema administrativo financiero en que pudieran existir datos de relevancia para esta investigación y todo otro elemento que coadyuve al esclarecimiento del hecho que se investiga.
Cabe indicar que en las redes sociales, el abogado Francisco Giménez consignó que «desde hace tiempo estarían ganando los mismos las licitaciones» y mencionó el caso de empresas «que no tenían ningún tipo de antecedente» y «parece ser que fueron creadas a propósito y empezaron a ganar gran parte de la obra pública».
“Pareciera ser que se está replicando un modelo nacional y que es una constante en la obra pública del país, donde empresas con vinculaciones con el poder político o armadas inmediatamente después de que alguien toma un cargo, empiezan a facturar y hacer obra”, acusó públicamente el doctor Giménez.
