A favor de la Justicia, en contra de la mordaza

RIO GRANDE.- El pedido de la Asociación de Magistrados de Tierra del Fuego hacia el intendente Gustavo Melella, limitando su libertad de expresión tras las críticas hacia un juez, podría sentar un peligroso antecedente institucional.

El Poder Judicial se equivoca en el transitar del camino de la democracia al condicionar a un ciudadano en sus expresiones públicas. Se trate o no de alguien que ocupe, circunstancialmente, un cargo público.

En este caso se trata de un ciudadano que fue elegido democráticamente, a través del voto, y que tuvo expresiones públicas sobre el accionar del doctor Andrés Leonelli, funcionario que ocupa el cargo de juez de manera interina.

La carta firmada por el juez Julián de Martino se conoció primero por los medios públicos antes de llegar a manos del intendente Gustavo Melella. Al menos así lo confirmó el propio jefe comunal y sus colaboradores directos en la Municipalidad.

Del mismo modo, durante el allanamiento que se realizó el jueves de la semana pasada, la orden se filtró en las redes sociales y entre algunos comunicadores sociales que, incluso, se hicieron eco del procedimiento cuando ni siquiera se había iniciado. Y de ello, los magistrados nada dicen.

Quienes administran la justicia deben estar sometidos a la opinión pública, porque sus actos hacen al transitar de la democracia. Sus actos, son actos de Gobierno y como tal deben estar sometidos a la crítica pública.

Llama la atención que la Asociación de Magistrados, en su carta dirigida al Intendente no haya aclarado que Leonelli es un “juez interino”, (figura generada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia) y en todo momento lo trate como un par más, como si hubiera llegado por la selección del Consejo de la Magistratura, que es como la Constitución Provincial lo exige.

La justicia fueguina está cometiendo una irregularidad. Porque la Corte Suprema de Justicia ordenó a todos los juzgados del país que las subrogancias en los juzgados no deben ser cubiertas por secretarios. Tierra del Fuego se considera ajena a esa manda del máximo órgano judicial.

El que administra justicia debe estar a la altura del papel que ocupa, porque es una responsabilidad de suma importancia en el devenir de una sociedad. Y el justiciable, debe tener plena seguridad que quienes lo hacen, son probos y respetuosos de la leyes que deben aplicar. Esto debería ser observado también por el gremio que nuclea a los jueces.

Nadie puede estar en contra de un allanamiento, ni de una investigación. Ese es el rol que corresponde a la justicia. Sin embargo, no resulta apropiado para la democracia que los magistrados limiten el poder de expresión de ningún ciudadano.