Desde el Concejo Deliberante, a través del bloque del edil Paulino Rossi, se encuentran realizando un relevamiento de precios en supermercados con el objetivo de tener un mayor control en los aumentos de los productos de la canasta básica de alimentos. «Veníamos con dos meses en los que había estado por encima del 4%, supuestamente en este segundo semestre la situación inflacionaria tenía que descomprimirse pero vemos que al menos en el rubro alimentos no está sucediendo» dijo Rossi.
RIO GRANDE.- Ayer por la tarde se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Promoción; Mediación e Inclusión Social que preside el concejal Paulino Rossi. En esta oportunidad el eje de la misma fue la iniciativa referida a la implementación de «precios cuidados» en el ámbito de la ciudad de Río Grande en especial para la cadena de supermercados.
«Es prioritario para nosotros poner en la agenda pública la problemática de los aumentos de precios» dijo el concejal Rossi, señalando que «venimos trabajando muy fuerte verificando la evolución de la canasta básica de alimentos y este último mes nos dio el más alto del año» ya que «fue de 5,34% y esto es realmente preocupante» ya que a su entender «veníamos con dos meses en los que había estado por encima del 4% y supuestamente en este segundo semestre la situación inflacionaria tenía que empezar a descomprimirse pero vemos que al menos en el rubro alimentos no está sucediendo, a pesar de que no hay ningún indicador que dé un argumento lógico a este aumento sistemático a la canasta básica de alimentos».
Control: «Hay que trabajar en conjunto»
El concejal Rossi sostuvo que «hemos presentado un proyecto para empezar a trabajar de manera articulada con distintos niveles de Gobierno»; entendiendo que «esto no lo va a solucionar solamente el Municipio, hay que trabajar en conjunto con la provincia y Nación y empezar a complementar y ver de qué manera entre todos podemos controlar, por ejemplo, el programa precios cuidados que está a nivel nacional y provincial porque de nada sirve que se anuncien estos programas si después no están en góndolas».
Por lo tanto se promueve «darle la facultad a los inspectores municipales para que en conjunto con los demás niveles de Gobierno se puedan aplicar las sanciones correspondientes a la cadena de supermercados, en caso de que no cumplan con estos programas».
Falta de interés de los supermercados
Rossi reconoció que a pesar de que se invitó a representantes de los supermercados a reuniones anteriores «no solo que no vinieron sino que tampoco les preocupó interiorizarse sobre el proyecto de ordenanza que habíamos presentado»; por lo tanto «vamos a trabajar con el Municipio, con el cuerpo de inspectores, con la provincia, y ver si podemos tener algún representante de Nación de estos programas porque esto garantiza precios fijos en productos muy sensibles de la canasta básica familiar y si estuvieran en góndola habría una diferencia del 30% lo cual es muy significativo para una economía familiar».
Rossi, además, remarcó que la cadena de supermercados «no nos hacen ningún favor ni nos regalan nada con estos productos en góndola porque a nivel nacional se garantiza la provisión de estos productos”.
Consultado sobre la capacidad de control por parte del Municipio en cuanto a los precios de los productos en góndola Rossi explicó que «dentro de la Carta Orgánica hay un artículo que hemos empezado a reglamentar», el cual está referido a «las facultades que tenemos en cuanto a ejercer la defensa de los derechos de los consumidores, esto está garantizado en la Constitución Nacional, y el nuevo Código Civil también le da una jerarquía importante a este tipo de derechos»; por lo cual «vamos a incursionar muy fuerte en estos aspectos porque se están naturalizando cuestiones que están muy mal en lo que respecta a la formación de precios».
Por lo cual reivindicó una activa participación del Estado en velar por dichos derechos «no para ejercer un control de precios, pero sí para detectar actitudes abusivas y cuando esto ocurre existen mecanismos legales para corregirlas a través de sanciones o que el consumidor final perciba los beneficios de la Ley 19640», concluyó el concejal Rossi.
