El déficit habitacional que afecta a miles de familias en Tierra del Fuego impacta negativamente por varias aristas. Una de ellas es el alto precio de los alquileres y las dudosas condiciones de habitabilidad de algunas propiedades del acotado mercado inmobiliario fueguino.
USHUAIA.- El momento de tener que buscar una vivienda para alquilar suele ser bastante traumático. Los valores que se manejan son altos sumado que, para ingresar a la vivienda, las inmobiliarias y propietarios solicitan el doble o triple de ese precio, en concepto de depósito y garantía; y a veces otros requisitos que rondan lo discriminatorio, tales como no permitir niños o mascotas.
Cierto es que en el mercado formal inmobiliario las propiedades en alquiler presentan, en su mayoría, buenas condiciones de habitabilidad. En el mercado informal generalmente eso no sucede.
Por iniciativa de movimientos sociales que agrupan a ocupantes e inquilinos y algunos actores políticos, surgieron propuestas para que el Estado ejerza el rol de contralor de uno de los mercados más desregulados, como es el inmobiliario. En tal sentido, un proyecto de ordenanza fue presentado al Concejo Deliberante de Ushuaia el 11 de diciembre de 2013 por el concejal del Partido Social Patagónico (PSP) Silvio Bocchicchio.
El proyecto establecía la creación del Régimen de Registro, Habilitación y Categorización de Inmuebles destinados al alquiler donde, entre otros puntos, se calificarían las viviendas en tres categorías según materiales de construcción y comodidades.
Las propiedades, además, debían cumplir con las condiciones que estipula el Código de Edificación.
La habilitación de una vivienda para alquiler estaría a cargo de inspectores municipales, y se renovaría cada dos años.
El Estado fijaría un precio de referencia por categoría, y el ajuste anual se realizaría mediante decreto del intendente ratificado por mayoría agravada del Concejo Deliberante, previa Audiencia Pública.
En tiempos de emergencia habitacional, el proyecto preveía incentivos fiscales a fin de incorporar más inmuebles al mercado y subsidios reintegrables a locatarios para adecuar la habitabilidad de las viviendas.
“La creación de este régimen se basa en el valor social de la vivienda, por lo que cada inmueble deshabitado deberá tributar en forma diferenciada respecto de aquellos incorporados a satisfacer la demanda habitacional, sea como vivienda unifamiliar, para alquiler o venta”, explicó el concejal Bocchicchio.
También se buscó «elevar el piso de habitabilidad, mejorando las condiciones edilicias y la calidad de vida de los inquilinos que hoy pagan cifras muy altas por locaciones que, en muchos casos, no se ajustan a las normativas de edificación vigentes» agregó.
El proyecto apunta asimismo a otras situaciones, como considerar falta grave el alquiler de viviendas sociales otorgadas por el Estado; prohibía la publicación de avisos de inmuebles en alquiler con exigencias discriminatorias (no hijos, no mujeres embarazadas, etc) y creaba una línea telefónica gratuita para consultas y denuncias.
Para Bocchicchio resulta “hasta paradójico” que exista un Registro Municipal de Habilitaciones de locales comerciales, donde el Estado sí ejerce el poder de contralor, y no un registro de viviendas familiares en alquiler.
Aseguró que su proyecto intenta ser una propuesta innovadora e inclusiva, “que beneficie a todos los sectores involucrados en el proceso de alquiler de inmuebles para vivienda, fijando pautas claras y mecanismos de inspección para mejorar la calidad de vida de los inquilinos”.
Sin embargo, pasó casi un año y medio y la iniciativa nunca fue tratada por el Concejo Deliberante. Bocchicchio lo adjudicó a que existen partidos políticos cuyos ediles “representan o son parte de un sector económico que se beneficia con el actual escenario especulativo”.
