El fallo de la Corte no alcanzaría a las empresas electrónicas

Un economista aseguró que el fallo judicial que declaró inconstitucional el cobro de la Tasa de Verificación a las empresas pesqueras no se aplicaría a la industria electrónica.

USHUAIA.- El economista Miguel Mastroscello consideró que el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el cobro de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos por parte de la Provincia a empresas pesqueras, no debería afectar a la industria electrónica.

El licenciado Mastroscello explicó que el fallo, habla de una tasa que se aplica “al valor de exportación”, mientras que “las industrias electrónicas no exportan ni venden su mercadería al exterior”.

“La tasa, que no es un impuesto, es una retribución por el servicio de verificación del proceso productivo que se empezó a cobrar en el 92, cuando todavía el Consejo Nacional Pesquero no distribuía entre las provincias lo recursos que recaudaba de las empresas pesqueras que exportaban”, sintetizó el economista.

Y dijo que “con el tiempo la situación cambió, ya que el Consejo Pesquero comenzó a distribuir esos recursos, pero la tasa se mantuvo”.

A su interpretación, el fallo de la Corte “apunta a que no se puede cobrar una tasa, sobre la base de un valor, que es el valor de exportación de la mercadería. Las empresas pesqueras de Tierra del Fuego, a diferencia de otras industrias beneficiadas por el subrégimen de la 19640, exportan su producción. Entonces, aplicarle una tasa sobre el valor de la exportación es similar a la retención que cobra la Nación por exportaciones, y lo que la Corte dijo es que eso las Provincias no lo pueden hacer”.

Sin embargo la Corte “no entra en el terreno de la tasa. Es decir, si la tasa de verificación se cobrara en base a otro concepto que no fuera el valor de exportación de mercadería, me parece que no cabrían objeciones”, entendió Mastroscello. Por eso es que “sólo afecta a las empresas pesqueras”.

El licenciado Mastroscello coincidió, no obstante, en que cualquier situación que amenace los recursos fiscales “debe preocupar a las autoridades, tanto del Ejecutivo como legislativas”.

 

El fallo de la Corte no alcanzaría a las empresas electrónicas
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