A partir de un proyecto de ley presentado por el bloque UCR-Cambiemos y aprobado ayer en la última sesión de la Legislatura, el Gobierno provincial pudo anoche depositar el medio aguinaldo para la administración pública, tomando un crédito del Banco Tierra del Fuego (BTF) por 400 millones de pesos.
RIO GRANDE.- La gobernadora Rosana Bertone ordenó anoche el pago del medio aguinaldo a los trabajadores de la administración pública de todos los escalafones, tras obtener la autorización legislativa para tomar un préstamo del Banco de Tierra del Fuego (BTF) por 400 millones de pesos. De este modo, los haberes están depositados desde las 0 horas de hoy.
Ayer, en la última sesión ordinaria del año, la Legislatura aprobó el pedido del Gobierno de tomar endeudamiento transitorio con la entidad bancaria provincial para hacer frente al pago del aguinaldo de todos los escalafones. Una vez obtenida la autorización legislativa, la Mandataria ordenó la inmediata liquidación de los haberes.
Esta decisión se adoptó a partir de la reunión que mantuvo el ministro de Gobierno José Luis Álvarez con los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos y Marcelo Córdoba.
La iniciativa fue ingresada e impulsada por la bancada de la UCR–Cambiemos, en la Comisión de Labor Parlamentaria, y entre los fundamentos, el bloque radical sostenía que “resulta necesario afrontar el pago del sueldo anual complementario (SAC), del segundo semestre del 2016 en los próximos días”, remarcando que según “la información brindada por la Tesorería General del Gobierno, no se prevé contar con fondos suficientes, para afrontar el pago de este concepto”.
La autorización conferida al Poder Ejecutivo provincial, se dio en el marco de la modificación del artículo 10 de la Ley provincial N° 1062 (Complementaria Permanente de Presupuesto 2016). Mediante la cual, se dispuso que los plazos de devolución del crédito opere a los 30 días contados, a partir de la fecha de toma del empréstito.
Laboratorio
Entre los proyectos aprobados ayer por la Legislatura se destaca la creación del “Laboratorio del Fin del Mundo Sociedad Anónima”, con participación estatal mayoritaria.
La empresa, tendrá por objeto la fabricación, producción, procesamiento y envasado de productos farmacéuticos, medicamentos y antibióticos, como así también su comercialización en el mercado interno y externo.
En sus fundamentos, se menciona que las políticas implementadas por el Gobierno nacional, con respecto a la eliminación del arancel a la industria informática, tabletas y computadoras, ponen en serio riesgo muchos puestos de trabajo en nuestra Provincia.
De este modo, asegura que la búsqueda del Gobierno provincial se dirige a diversificar la matriz productiva, con emprendimientos viables económicamente.
Esto se logrará a través de productos de alto valor agregado, además de generar puestos de trabajo y que generen capital social.
La norma, propuesta girada por el Ejecutivo provincial, tomó estado parlamentario en la última sesión el 30 de noviembre. Los Legisladores, analizaron el proyecto en el seno de las Comisiones de Economía (2) y Legislación General (1), donde obtuvo dictamen favorable y fue aprobado por unanimidad.
Emergencias
Por otra parte, los legisladores aprobaron el proyecto del Gobierno para extender por un año las emergencias en educación, salud y en la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).
Las emergencias, estima la prórroga por 12 meses en obras prioritarias para que, en el caso de educación, se realicen obras edilicias que aún no fueron concluidas. Por su parte, en el sistema sanitario se espera la ampliación de instalaciones y refacciones en centros de salud y hospitales. Finalmente, en la DPOSS, a pesar de avanzar con 14 obras en la Provincia, se solicitó más tiempo para finalizarlas.
Los asuntos 420; 421 y 422 fueron tratados en las Comisiones de Legislación General (1) y de Presupuesto (2), en los últimos días. El Poder Ejecutivo solicita a la Legislatura, por el término de doce meses, la emergencia en las áreas más críticas.
El pedido, busca garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas, en el caso de infraestructura escolar, como así también asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo. Se deberán considerar prioritarias, la ejecución de las obras y reformas necesarias, como así también la adquisición de los insumos necesarios que posibiliten el inicio normal del ciclo lectivo 2017.
Por otro lado, el asunto 421/16 aprobado en esta sesión, plantea la necesidad de declarar, por el mismo lapso de tiempo, el estado de emergencia de carácter urbano, ambiental, sanitario y de infraestructura.
Esto posibilitará la realización de las obras necesarias y la implementación de las acciones tendientes al restablecimiento regular en la prestación del servicio de provisión de agua potable, tratamiento de efluentes y la remediación de los daños ambientales producidos.
De este modo, la propuesta obliga a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), a elevar a la Legislatura un informe trimestral sobre las acciones realizadas en el marco de la norma sancionada.
Por último, el Ejecutivo solicitó mediante el asunto 422/16, la emergencia del sistema sanitario en la Provincia. Además, establece que el Ministerio de Salud, deberá elaborar y aprobar un Plan Director de infraestructura para la refuncionalización, mejoramiento y ampliación de los Hospitales Regionales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de las tres con la colaboración de la Secretaría de Obras Públicas.
Asimismo, se obliga al Ministerio de Salud a confeccionar y presentar a la Cámara Legislativa, un informe circunstanciado de las acciones ejecutadas en el marco de esta iniciativa, al concluir el período de emergencia establecido.
Epilepsia
Entre los diferentes proyectos sancionados ayer por los legisladores, se destaca además el asunto 246/16 que propone “dar un marco normativo y garantizar derechos fundamentales a los habitantes de nuestra Provincia que padezcan epilepsia”.
En su articulado, se establece para las personas que sufren esta enfermedad, el pleno ejercicio de sus derechos, por ejemplo el acceso a la educación en sus distintos niveles sin limitación alguna. También, dispone medidas especiales de protección y proscribe todo acto que las discrimine.
En este sentido, la ley sostiene que el paciente epiléptico, tiene derecho a: recibir asistencia médica integral; la accesibilidad a los medicamentos y a la cirugía en aquellos casos que así se lo requiera; a una adecuada rehabilitación y seguimiento del paciente y su familia, entre otros.
Respecto de las coberturas médicas asistenciales, la norma establece que deberán ser garantizadas por el sistema público de salud e incorporadas como prestaciones obligatorias en la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF) y garantizadas por todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga del territorio provincial.
Por último, se crea el Registro Único de pacientes epilépticos, en el ámbito de la Provincia y establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación. El asunto, fue analizado durante esta semana en el ámbito de la Comisión de Salud (5), donde obtuvo dictamen favorable. La legisladora Myriam Martínez (FPV-PJ) fue la autora del proyecto.
