Citaron, para el miércoles, a enfermeros y a autoridades del Colegio Público de Enfermería

Las autoridades del Colegio de Enfermeros, el delegado gremial de la Junta Interna del Hospital Regional Ushuaia y representantes de la Asociación Trabajadores del Estado de ambas ciudades; se verán las caras el miércoles. Los legisladores buscarán zanjar la polémica que existe por la Ley 927 que ATE consideró inconstitucional.


RIO GRANDE.- Para el miércoles, a las 14:00, la presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Liliana Martínez Allende, fijó una reunión y convocó a las autoridades del Colegio Público de profesionales de enfermería de la Provincia, donde se analizará el pedido que formulan algunos enfermeros agremiados en ATE, que no comparten algunos aspectos de la Ley Provincial que regula la profesión, por lo cual impulsan un planteo de inconstitucionalidad ante la Justicia.

El encuentro programado, será en la delegación Río Grande de la Legislatura. Para la reunión se cursaron invitaciones a las autoridades del Colegio de Enfermeros, al delegado gremial de la Junta Interna del Hospital Regional Ushuaia y a representantes de la Asociación Trabajadores del Estado de ambas ciudades.
La polémica

Con patrocinio del área jurídica de la Asociación Trabajadores del Estado, los enfermeros del Hospital Regional Río Grande decidieron presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Provincial 927, referida a la Colegiación de la Profesión de Enfermeros en la Provincia, por entender que obliga al pago de una matrícula y sanciones que estarían fuera de la legalidad.

Alejandra del Carmen Albanesi, Miguel Jara y José Bordón; son enfermeros del hospital público que alzaron la voz públicamente con la colegiatura de la profesión en Tierra del Fuego, entendiendo que no se puede amenazar con poner en riesgo la carrera y el trabajo que desempeñan, por negarse al pago de una matriculación y la cuota mensual que se les impone.

“Los enfermeros nos sentimos avasallados por esta Ley”, dijo Miguel Jara, quien sostuvo que de más de 200 enfermeros que ejercen en Río Grande, 150 decidieron firmar un petitorio en contra de la Ley, por entender que se trata de una medida “simplemente recaudatoria que pretende saquear el bolsillo de los trabajadores”.

Alejandra del Carmen Albanesi, al expresar su rechazo a la Ley, dijo que “este proyecto es una copia fiel de la Ley que rige en la provincia de Buenos Aires, con la única diferencia que allá se cobra una cuota anual y acá se pretende hacernos pagar una cuota mensual”, aclarando además que el valor de la matriculación de la cuota no surgió de una asamblea de los enfermeros, como dice la Ley 927, sino que fue conformada por una comisión directiva.

Como respuesta a lo planteado por este grupo de enfermeros, el vicepresidente del Colegio de Enfermeros, Julio Cuenca, rechazó los planteos que hizo la Asociación Trabajadores del Estado contra la Ley 927 y aseguró que esa entidad “no es la de ser un ente recaudador como lo están planteando”. Dijo que, a su entender, no podría prosperar ninguna presentación judicial en contra de “una ley que fue promulgada y que está en plena vigencia”.

Cuenca sostuvo que “nosotros no somos una entidad gremial, por lo tanto, lo que no podemos hacer es luchar por el sueldo de los colegiados, pero sí lo que podemos hacer, es mejorar la calidad de capacitación de los profesionalidades que es la finalidad del Colegio, no la de ser un ente recaudador como lo están planteando”.

Más adelante sostuvo que “la mirada de ATE es, a mi entender, parcializada de una ley que obliga a que todos los enfermeros deben estar matriculados a efectos que puedan generar su dispendio de ejercicio profesional” y expresó que “no se puede entender un planteo jurídico, ante una ley que esta promulgada y plenamente vigente. No creo que una causa en ese sentido avance judicialmente”.

Julio Cuenca, vicepresidente del Colegio de Enfermeros, defendió la ley y dijo que la entidad no es “un ente recaudador”, como acusa ATE.
Julio Cuenca, vicepresidente del Colegio de Enfermeros, defendió la ley y dijo que la entidad no es “un ente recaudador”, como acusa ATE.