Así lo sostuvo el doctor Federico Rauch, especialista en la Ley 19640, sobre las exenciones impositivas que contempla la norma y que no se traducen en beneficios para los consumidores. “La ley no fue diseñada para que cincuenta importadores se apropien de las exenciones”, remarcó.
RIO GRANDE.- En declaraciones a FM del Pueblo, el doctor Federico Rauch aseguró que las únicas beneficiadas por el subrégimen de promoción económica son las empresas importadoras de bienes y productos a Tierra del Fuego, asegurando que se apropian de las exenciones contempladas en la ley 19640.
Impuestos indirectos como “el IVA y una proporción de ganancias, pero fundamentalmente el impuesto interno, que no se puede discriminar sencillamente pero que impacta directamente sobre el valor del producto” fueron algunos de los beneficios que retienen estos sectores, según el letrado.
“Esos impuestos no se ven, pero son una porción importante e incluso mayores que el IVA, y son apropiadas por los formadores de precios y los grandes importadores que son los que suministran de manera masiva la totalidad de los alimentos y bienes que ingresan en camiones por San Sebastián y por el puerto (de Ushuaia)”, remarcó.
Rauch explicó que “todo lo que consumimos viene con una desgravación impositiva, es decir con una exención impositiva, pero esos porcentajes que deberían quedar en el bolsillo de los consumidores no están quedando en el bolsillo de los consumidores y esto de por sí podría significar una gran diferencia”.
Para el abogado de Ushuaia, que está al frente de la demanda colectiva contra las automotrices por no aplicar los beneficios de la 19640 en la venta de vehículos, “no es lo mismo pedir más dinero al Estado nacional a través de la coparticipación o adelantos no reintegrables, que exigir que se cumpla con el régimen de promoción económica de la Ley 19640”.
“En el segundo caso, ese es un beneficio que va directo al bolsillo de los consumidores”, afirmó.
Y opinó que las empresas que forman precios o importan productos a la Isla pueden apropiarse de las exenciones fiscales “porque no hay fiscalización”.
“La ley no fue diseñada para que cincuenta importadores se apropien de las exenciones fiscales que le corresponden a los consumidores, sino al revés, para que trasladen esos beneficios a los consumidores y ellos se queden con los beneficios que le corresponden por su propia actividad de intermediación”, recordó.
Sin embargo, planteó que “eso es lo que ha dejado de ocurrir, y para que eso ocurra es necesario poner nuevamente en valor la ley”.
Rauch sostuvo que no existe un sistema de fiscalización del régimen de promoción económica, entendiendo que “teóricamente quien debe o podría fiscalizar es la AFIP, pero también y naturalmente tendría que ser el Gobierno provincial”.
Para ello, el Estado nacional debería delegar por decreto a la Provincia esas facultades “y de esta manera desarrollar un cuerpo técnico de fiscalización debidamente capacitado, de manera tal de establecer un sistema de fiscalización para poner en valor nuevamente el subrégimen de promoción económica”.
“Esto lo vengo proponiendo hace ya seis años al menos, pero si esto se hiciera veríamos un dramático, progresivo e inevitable descenso del precio de los bienes en el Área Aduanera Especial; un descenso que sería permanente, con el consecuente aumento del poder adquisitivo de cada uno de nosotros”, cerró.
