El secretario de Comercio, Javier Calisaya, confirmó que el Gobierno dio de baja al personal de planta política que lo acompañaba en esa área, entre ellos el abogado responsable del área jurídica. Más de 1.200 expedientes quedan así sin seguimiento legal.
RIO GRANDE.- El secretario de Comercio provincial, Javier Calisaya, confirmó ayer que el Gobierno dio de baja al personal de planta política que lo acompañaba en esa área, entre ellos el abogado responsable del área jurídica.
El funcionario dijo que desconoce “hasta el momento” los fundamentos de esta medida, aunque sostuvo que pidió “urgentemente en la función que aún cumplo al Ministro de Economía que me pueda designar un nuevo Director de Asuntos Jurídicos o por lo menos que defina el área legal que va a resolver los expedientes” en curso.
Y dijo que actualmente existen alrededor de 1.200 expedientes a la espera de un dictamen legal. “El no seguimiento de estos expedientes genera no solo un perjuicio a los consumidores sino también al Estado”, explicó en declaraciones a Fm del Pueblo.
Asimismo, Calisaya desmintió rumores sobre su posible renuncia tras la decisión del Gobierno, y sostuvo que “la decisión que pesa es la de la Gobernadora”.
Al frente de la Secretaría de Comercio desde diciembre de 2015, el funcionario descartó que tenga previsto renunciar a su cargo, y detalló que el lunes fue notificado sobre las bajas de su planta política, en su mayoría “compañeros de Nuevo Encuentro, quedando prácticamente yo solo como planta política”.
“En la Secretaría de Comercio estamos por un acuerdo político entre la Gobernadora y Nuevo Encuentro”, recordó Calisaya, aunque dijo que la Mandataria tiene la potestad de designar a sus funcionarios políticos.
En ese sentido, dijo que “entiendo y comprendo las diferentes posiciones políticas que podamos llegar a tener, pero me parece que es otro el ámbito para discutirlo”.
“Nosotros seguimos en tanto podamos trabajar”, enfatizó el funcionario y reiteró que “estoy en el Gobierno por una decisión de la Gobernadora y del partido, que son los únicos dos sectores a los que me debo y por los cuales voy a seguir o no en el cargo”.
Sobre el pedido de renuncia público formulado por el concejal Juan Carlos Pino, de Ushuaia, Calisaya aseguró que su opinión “no es vinculante”, y que “la decisión que pesa es la de la Gobernadora o la de mi partido, si me piden que se terminó el tiempo de ayudar a esta gestión”.
“No hay que dramatizar mucho, son decisiones políticas, pero creemos que venimos haciendo un buen trabajo y se deberían fortalecer las área de control”, cerró.
