BUENOS AIRES.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo que permitió desbaratar una organización que se dedicaba a generar comprobantes de compras y gastos falsos que fueron adquiridos por más de 6.500 empresas y comercios de todo el país. A partir de esta maniobra se evadieron 2.500 millones de pesos.
Durante el procedimiento se allanaron 35 domicilios de la ciudad de Rosario y se detuvieron a cinco personas que serían los principales responsables de la asociación ilícita. Además, se les restringió la salida del país a otras quince que también habrían participado de la organización y se libraron inhibiciones generales de bienes a todos los integrantes de la presunta banda delictiva.
En total se identificaron cerca de 80 personas, entre las que hay escribanos, contadores, informáticos y personal de áreas administrativas y comerciales. Sobre ellos se concretaron intervenciones telefónicas para obtener los detalles de la acción delictiva.
La banda se dedicaba a armar empresas con personas insolventes, facturando con 72 CUITS distintos y con diferentes modalidades de facturas apócrifas que incluyen comprobantes en papel, electrónicas, tickets, emisiones por controladores e impresoras fiscales.
La causa se originó a partir de una investigación que comenzó en la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP y se trabajó en conjunto con la Fiscalía Federal N° 3 a cargo del Dr. Guillermo Reynares Solari. Luego de un exhaustivo análisis y de tareas de inteligencia desarrolladas durante meses y mediante la intervención del Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo del Dr. Carlos Vera Barros se realizaron los allanamientos.
Participaron más de 150 funcionarios de AFIP y 200 de Gendarmería, quienes secuestraron documentación y material informático relevante para la causa.
Los hoy detenidos se dedicaban a “armar” empresas, que luego de inscribirlas en AFIP, eran utilizadas sólo para emitir “facturas truchas”, procedimiento hoy identificable rápidamente a través de la utilización de herramientas de control, que AFIP diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas.
Las empresas tienen como socios y directores a personas insolventes que identificaron en algunos casos a los organizadores de la maniobra.