BUENOS AIRES (NA).- El Tribunal Oral Federal 1 ordenó al Ministerio de Salud de la Nación distribuir entre los más necesitados las 27 mil cunas y sacos de dormir que integran el Plan Qunita y que no habían sido entregados por cuestiones de seguridad.
Lo hizo a raíz de varios pedidos que recibió de entidades sociales y en medio de la polémica porque el Estado Nacional paga 770 mil pesos por mes para guardarlos en un depósito en la localidad bonaerense de Avellaneda.
Los jueces José Michilini, Gabriel Vega y Adrián Grunberg habían ordenado tiempo atrás la distribución de todos los elementos del kit, a excepción de las cunas y las bolsas de dormir por entender que eran inseguros para los bebés.
Sin embargo, la semana pasada la fiscal Gabriela Baigún había solicitado que también se procediera al reacondicionamiento de las cunas y de los sacos de dormir para su posterior distribución en barrios en situación de vulnerabilidad.
El diputado por Río Negro Martín Doñate había pedido las cunas por la necesidad en su provincia y lo mismo hicieron Francisco Olveira Fuster de la Fundación Isla Maciel y Juan Grabois, integrante de la Confederación de Trabajadores por la Economía Popular.
La Fiscalía había pedido que la reparación la hiciera la Facultad de Medicina, el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y la Sociedad Argentina de Pediatría, y que la distribución estuviera a cargo de UNICEF y Red Solidaria.
No obstante, por mayoría los jueces establecieron que «la decisión sobre la distribución o eventual reacondicionamiento de esos elementos corresponde que sea realizada por el Ministerio de Salud de la Nación».