Por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, la diputada del Parlasur fue trasladada de vuelta al penal, en un procedimiento calificado como «secuestro» por la abogada de la dirigente, Elizabeth Gómez Alcorta, quien denunció además que hubo violencia.
BUENOS AIRES (NA).- La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue trasladada ayer de regreso al Penal de Alto Comedero tras la revocatoria de la prisión domiciliaria y sus abogados calificaron el procedimiento como un «secuestro», mientras advirtieron que «no solo la quieren acallar, sino que también la quieren muerta».
A fines de septiembre, la Cámara de Apelaciones de Jujuy había revocado el beneficio del cumplimiento de la prisión preventiva de manera domiciliaria -decisión que está apelada ante Casación- que había sido promovida por un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Lo que busca esta resolución del juez y su ideólogo, el contador (Gerardo) Morales (gobernador de Jujuy) es que Milagro esté muerta», señaló la abogada de la dirigente, Elizabeth Gómez Alcorta, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La abogada hizo «responsables en primer lugar a (el presidente) Mauricio Macri y luego al contador Morales y al juez» por lo que pueda ocurrirle a Sala y remarcó: «No solo que la quieren acallar, ponerla de rodillas y silenciarla, sino también muerta».
Durante la conferencia de prensa, Gómez Alcorta y el titular del CELS, Horacio Verbitsky, relataron que fuerzas especiales jujeñas ingresaron a la casa de La Ciénaga donde Sala cumplía con la prisión domiciliaria, y se la llevaron esposada, descalza y en pijama, y sin notificar antes a sus abogados.
Al respecto, la letrada agregó que la dirigente de la Tupac Amaru «tiene magullones en los hombros y moretones en los brazos por la violencia ejercida por la policía de Jujuy».
Previamente a la conferencia, la abogada advirtió que «Pullen Llermanos ya no tiene jurisdicción en el expediente; lo tiene la Cámara de Casación».
El traslado de Sala fue ordenado por Pullen Llermanos debido a supuestos incumplimientos de Sala a las condiciones de la prisión preventiva domiciliaria, como recibir una cantidad de visitas superior a lo permitido y haberse negado a someterse a un control médico, entre otros.
Gómez Alcorta señaló además que el fundamento del juez Pullen Llermanos para llevar a Sala de vuelta a la cárcel fue que hay informes del cuerpo médico del Poder Judicial que le atribuyen un cuadro «psicopatológico con un trastorno depresivo mayor» y «tendencia suicida».
Al respecto, la letrada subrayó que el informe invocado por el juez «no avala que se la lleven a un lugar donde corre peligro su vida», como señaló oportunamente la CIDH, y calificó la actuación de Pullen Llermanos como «un acto de tiranía» y un «abuso del poder político por fuera de la legalidad».
Por su parte, Verbitsky advirtió que la orden de Pullen Llermano «desconoce la institucionalidad nacional e internacional que rodea el caso de la líder de la organización barrial Túpac Amaru» y advirtió que «el Estado nacional no puede desentenderse porque tiene la responsabilidad ante la comunidad de las naciones».
En tanto, el vocero del Poder Judicial de Jujuy, Pablo Ponce, negó en declaraciones a la prensa que Sala haya sido trasladada en pijamas y descalza -algo que también fue afirmado por el esposo de la dirigente, Raúl Noro- y afirmó que fue llevada «al Servicio Penitenciario vestida y como corresponde».