BUENOS AIRES (NA).- El Senado comenzó a tratar el proyecto de reforma de la Procuración General, que fue defendido por el ministro de Justicia, Germán Garavano, pero recibió numerosas críticas de diversos sectores que obligarán al oficialismo a introducirle varias modificaciones.
La iniciativa, que fue impulsada por Cambiemos y acompañada por un sector reducido del PJ-FPV encabezado por Miguel Pichetto, no tendrá dictamen esta semana debido a que la catarata de críticas que recibió obligará al Senado a realizar algunos cambios, entre ellos, mantener la mayoría agravada de dos tercios para aprobar la remoción del procurador general.
Es que el nuevo mecanismo de remoción que propone el proyecto para los titulares del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, la duración de sus mandatos y la eliminación de procuradurías especiales surgieron como los puntos más conflictivos de la reforma durante este primer tramo del debate, que se desarrolla en la Comisión de Justicia del Senado.
Garavano fue el primer expositor de la jornada y defendió la reducción del mandato del procurador actualmente vitalicio a cinco años (con una posible reelección por otros dos años) y el establecimiento de una mayoría absoluta para su nombramiento o remoción, en lugar de los dos tercios que se requieren actualmente.
«La experiencia nacional e internacional genera fuerte consenso sobre la necesidad de que el procurador tenga un plazo», afirmó el ministro y agregó: «Al haber un período más corto, de cinco o siete años, se requiere de mayorías más ágiles» para su designación en el Congreso.
Respecto del mecanismo de remoción que propone el proyecto, que reemplaza el juicio político (cuya aprobación requiere dos tercios) por una decisión del Poder Ejecutivo o de la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado por mayoría de la mitad más uno, Garavano señaló que «sólo la Constitución puede disponer el juicio político y no una ley».
Los senadores del PJ-FPV Anabel Fernández Sagasti y Mario Pais, entre otros, preguntaron al ministro cuál sería el mecanismo para que el Poder Ejecutivo pida al Congreso la remoción del procurador, algo que en el proyecto no está especificado, ante lo cual el funcionario señaló que se definiría cuando, una vez aprobada la ley, el Gobierno deba reglamentarla.
La respuesta no cayó bien entre los senadores, quienes también cuestionaron la eliminación de procuradurías especiales, que el procurador general sea suspendido apenas el Poder Ejecutivo pide su remoción al Congreso y la revisión de los fiscales nombrados a partir de 2013 por la actual titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó.
En tanto, los fiscales federales Carlos Rívolo y Raúl Plee, así como la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, coincidieron en señalar que la remoción del procurador general podría ser sin juicio político pero no con una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) ni absoluta (mitad más uno del pleno), sino con dos tercios.
En ese contexto, incluso hubo un cruce entre Pichetto y el vicepresidente del bloque PJ-FPV, José Mayans, que también criticó el cambio en el sistema de remoción frente a lo cual el jefe de la bancada respondió: «Podemos evaluar el tema de la remoción para darle estabilidad, pero la verdad es que los dos tercios son para la Corte Suprema».
Frente a las críticas, fuentes del bloque de Cambiemos y del sector de Pichetto aseguraron a NA que aceptarán modificar el proyecto en ese aspecto, a fin de que la designación sea por mayoría absoluta pero la remoción requiera reunir el voto de los dos tercios de cada Cámara.