USHUAIA.- El viernes 27 de diciembre, el titular de la Fiscalía 4 de la capital fueguina Dr. Fernando Ballester Bidau, elevó un requerimiento de instrucción en el que solicita investigar la aparición de los restos de una niña del pueblo yagán durante la construcción del tramo I del Corredor del Beagle. Por el hecho, quedaron imputados el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, el ministro de Obras Públicas Luis Vázquez, y el Secretario de Cultura Gonzalo Zamora, todos responsables de la aprobación del estudio de impacto arqueológico y de autorizar el plan de ejecución de obra de la ruta.
De acuerdo al fiscal, los hechos podrían configurar los delitos de “daños agravados” y “daños a yacimientos arqueológicos” previstos “en los artículos 184 inciso 5 del Código Penal, artículos 46 y 47 de la ley 25.743, respectivamente, por ocasionar daños en tumbas, deteriorar y remover yacimientos arqueológicos que pudieron haber ocasionado su pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado”.
Al tomar conocimiento del hallazgo de restos humanos como consecuencia de la ejecución del controvertido camino, Manekenk intentó ampliar la denuncia que tramita en el Juzgado de la Dra María Cristina Barrionuevo iniciada por la ONG por daño ambiental. Sin embargo, para Barrionuevo, el hallazgo de esos restos merecía un tratamiento aparte y fue así que la denuncia cayó en manos del juez Federico Vidal.
Luego, la comunidad yagán Paiakoala representada por Víctor Vargas Filgueira, que reclamó los restos de la niña hallada en la costa del canal Beagle, se presentó como querellante y pidió hacer un estudio de impacto arqueológico que le pueda demostrar a la Provincia, dónde están los sitios que tiene que proteger y cómo redireccionar la obra para que se haga sin producir el daño arqueológico que hoy se está cometiendo.
El Dr. Antonio Aciar, apoderado de Manekenk y la comunidad Paiakoala, explicó a El Sureño que esperan que durante la feria “se realice una pericia con personal calificado en el lugar y que se informe nuevamente si existen o no sitios arqueológicos a respetar donde se está montando la obra. Entendemos que eso es lo que tiene que hacer el poder judicial de la provincia, que al igual que el Ejecutivo, también está obligado a la conservación del patrimonio provincial”.
Para Aciar, hay que detener el daño lo antes posible. “El efecto estacional nos está jugando en contra en este momento, porque en esta época del año, se trabaja jornada completa de entre 10 y 12 horas. Es decir que, si se están destruyendo bienes arqueológicos, hay que tomar una medida urgente”. Vale recordar que el juez Vidal entró en receso el 31 de diciembre y que a partir de hoy será el juez de feria quien deba resolver sobre la realización de esta pericia que quedó pendiente.
En cuanto a los delitos que se le imputan a los ex funcionarios, el Dr. Aciar indicó: “Ellos autorizaron la ejecución de una obra a sabiendas que su traza iba potencialmente a dañar bienes arqueológicos, respecto de los cuales la provincia tiene obligación de conservación. Si yo tengo la obligación de conservar algo, no puedo producir una conducta que implique el daño de eso que debo conservar. Esa es en principio la imputación que hace el fiscal y que el juez deberá investigar.
También imputa a la empresa Gancedo y a las demás personas que hubieran intervenido en esto, que se conocerán una vez que esté avanzada la investigación”, indicó el abogado.
Además recordó que en abril de 2019, la directora del Museo del Fin del Mundo le informó al Secretario de Cultura que “había un área cercana a la estancia Remolino llamada Mischihuen, había lo que los yaganes denominan enterratorios. Una cantidad de 40 enterratorios en conocimiento del museo como consecuencia de todos los estudios anteriores realizados por el CADIC y que figuran dentro del proyecto de obra, pero fueron ignorados”.
“Estamos frente a un hecho real que nos está diciendo que el que autorizó la obra y su ejecución no podía dejar de saber que esto iba a pasar. Y esta es, justamente la conducta típicamente antijurídica y culpable que en principio se habría cometido por las autoridades que autorizaron ese estudio de impacto ambiental que era parcial declarando una cantidad mínima de sitios arqueológicos, cuando la realidad sabida y conocida, era que había muchos más”, señaló Aciar.
“Dentro de toda la documentación de la obra, esto ya se había advertido, no estamos frente a un descubrimiento, un imprevisto, algo que no pudo haberse pensado o imaginado que iba a suceder”, señaló.
Según dijo el letrado, ni Manekenk, ni la comunidad yagán pretenden que se paralice la obra. “Lo que les interesa es que se respete el medio ambiente y el patrimonio cultural de la provincia y también que se respete la identidad de los aborígenes que están vivos y tienen derecho a rescatar y mantener las pertenencias de sus antecesores. Hasta ahora no me explico cuál es la razón por la cual todo esto se hizo tan desprolijo y tan a las apuradas”, opinó.
