USHUAIA.- Un acuerdo de cooperación tendiente a la explotación responsable de los recursos fue suscripto por la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros del Atlántico Sur (OPRAS) por la parte argentina y por la parte española adhirieron la Confederación de Pesca Española (CEPESCA) y la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (ANAMER).
OPRAS es una organización que busca visibilizar la problemática de la pesca ilegal en el Atlántico Sur y el impacto que tiene sobre los recursos pesqueros de la Argentina. Está compuesta por representantes de algunas empresas pesqueras y de la cámara de poteros.
En 2019 la Organización que preside Alan Mackern, de la firma Estremar, suscribió un acuerdo con la Cámara de Armadores e das industrias da Pesca de Itajai e Regiao de Brasil (SINDIPI), con el objetivo de crear una Comisión Privada Técnica y Bilateral que buscaría trabajar en “la elaboración, implementación y reconocimiento a nivel oficial e internacional de una acción conjunta que incluya herramientas y mecanismos efectivos de conservación y sustentabilidad de aguas internacionales mediante un régimen que impida la pesca ilegal y no reglamentada en el Atlántico sudoeste”, comunicaron en su momento.
OPRAS firmó el lunes pasado otro acuerdo entre asociaciones, esta vez con las españolas CEPESCA y ANAMER con un objetivo similar, “la creación de una comisión técnica para la conservación y sostenibilidad de los recursos de la alta mar en el Atlántico Sudoccidental, así como promover un régimen de explotación sostenible en ella, fomentando conductas de explotación que respeten la pesca responsable, la sostenibilidad de los recursos, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio ambiental”.
Pero los firmantes han debido dejar aclarado en este acuerdo, que también apunta la implantación y reconocimiento internacional de un área de pesca regulada en el Atlántico Sudoccidental, que se ejecutará sin afectar “espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a cuestiones pendientes de jurisdicción o de soberanía”.
La inclusión de Malvinas implicaría el abordaje de cuestiones diplomáticas que exceden ampliamente a las asociaciones intervinientes. Además varias empresas españolas hacen uso de las licencias que el gobierno británico extiende para pescar en Malvinas y abordar este punto impediría la concreción de cualquier acuerdo.
De los aproximadamente 400 barcos que operan en el Atlántico Sur, la mayor parte es de bandera china, coreana y taiwanesa, pero también hay un grupo de entre 22 y 26 buques de bandera española, según han asegurado desde CEPESCA. Este es el punto en que se concentra el acuerdo suscrito.
Desde la Confederación han informado que desde 2008 estos barcos están sujetos a una normativa de la Unión Europea que requiere la obtención un permiso especial, embarcar a observadores a bordo y prohíbe la pesca en las zonas declaradas como ecosistemas marinos vulnerables”.
Quizás el primer paso bien dado por esta unión de asociaciones sería acordar el estricto cumplimiento de la norma especial europea, como así también, asegurar que ningún barco español ingresará a la Zona Económica Exclusiva Argentina, algo que no siempre ha sido respetado por barcos de la flota española.
Un acuerdo de cooperación con entidades españolas puede ser positivo si existe un real compromiso de trabajar en forma conjunta y si España se compromete a castigar severamente a los barcos de su bandera que ingresen a nuestra ZEE, o tengan comportamientos observados como propios de la pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada, según los estándares establecidos por la FAO.
Trabajar bajo parámetros sustentables en el Atlántico Sur colocaría a quienes lo hagan en una situación de desventaja frente a los cientos de barcos de bandera asiática que operan en ese mismo espacio y ello quizás ayude a generar presión desde la Unión Europea para ordenar la pesca en este rincón del mundo.