A través de una nota ingresada a la Legislatura el 1º de noviembre, la Comunidad Selk´nam Rafaela Ishton exigió el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en la confección del proyecto que se encuentra en la Comisión de Ambiente y pidió ser convocada antes de dar dictamen.
USHUAIA.- La nota, que fue registrada con el número 403, está dirigida a la presidente del cuerpo, vicegobernadora Mónica Urquiza y lleva la firma del Presidente de la Comunidad del pueblo selk´nam, Rubén Maldonado.
“Le informo que el proyecto de OTBN que se encuentra en el Parlamento para su aprobación, no tiene validez sin la consulta previa, libre e informada; y aun cuando fuera aprobado por esta Legislatura, alcanzará con que realicemos la denuncia ante la autoridad de aplicación nacional, para que se frene la liberación de cualquier partida de dinero de la ley de bosques, lo que traerá más complicaciones que convocarnos de la forma en que marca la ley”, advirtieron.
En la misiva, Maldonado solicitó a los legisladores que la comunidad a la que pertenece sea convocada para poder dar su opinión y conformidad sobre el nuevo ordenamiento territorial y volvieron a reclamar la modificación de la Ley 869 para poder integrar la Comisión Consultiva de Bosques Nativos, que decide sobre los recursos de la Ley de Bosques.
“La Ley Nacional de Bosques 26.331, dice expresamente que “en el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”
Para que no queden dudas de cómo se debe realizar la consulta, en 2021, el Estado nacional creó un manual para la aplicación de este derecho en todo el ámbito nacional”, recordaron.
No obstante, denunciaron que “en la Secretaría de Ambiente sostienen que la Ley Provincial 869 no incluye a los pueblos indígenas en la conformación de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN) y que por esa razón no se nos convoca, lo que deja a la vista la obligación de este Parlamento de modificar la ley, porque está claro que una norma de rango inferior no puede contradecir a una de rango superior”.
“Más allá de ello, ante la evidencia del perjuicio que nos ocasiona no poder participar del destino de nuestros propios bosques y luego de haberlo solicitado formalmente, consideramos que el hecho de que el ordenamiento se revalidara sin nuestra opinión, es una provocación lisa y llana”, afirmaron.
“La ministra Sonia Castiglione ha dicho a los miembros del CCBN que nuestra comunidad está representada por la ONG Manekenk, lo cual es un error. A diferencia de Manekenk, nuestra comunidad posee tierras y bosques que nos dan el sustento por lo que somos parte directamente afectada. Además, la Comunidad Indígena Rafaela Ishton del pueblo selk’nam, no es una ONG. Somos una comunidad indígena y como tal, tenemos un ordenamiento jurídico propio y nuestras tierras no son tierras fiscales ni tierras privadas. Son territorio indígena”, reiteraron.
Maldonado denunció que “como excusa para no convocarnos, también han usado el argumento de que nuestra comunidad está acéfala. Sin embargo, cuando hay un problema por algún tema de la comunidad y la policía o un juez llaman al gobierno preguntando quién es el presidente de la misma, el gobierno no duda en dar mi nombre, dirección y teléfono para que me lleguen las cédulas y citaciones a las que siempre acudo como es mi obligación”.
“En todo momento hemos mostrado voluntad de diálogo, realizamos una asamblea para elegir a quienes nos representen ante el Ministerio de Producción y Ambiente porque necesitamos trabajar organizadamente con el Estado y necesitamos con urgencia nuestro Plan Integral Comunitario, para el cual la provincia recibió oportunamente una partida de dinero de la Ley de Bosques y el cual debe ser corregido y aprobado”, recordaron.
Para la comunidad indígena, “toda esta situación deja en evidencia el escaso conocimiento que los funcionarios del Estado tienen sobre el derecho indígena y la necesidad de que se capaciten para dejar de poner obstáculos donde no corresponde y dejar de una vez por todas, de tratarnos como usurpadores del único pedazo de tierra que el Estado nos dio en 1924 en compensación por el genocidio de nuestro pueblo”.
Por último, Maldonado recordó que “la consulta libre, previa e informada incluye también a la Comunidad Yagan Paiakoala, recientemente reconocida por el INAI, más allá de que no tengan documentos sobre su territorio ancestral, porque el ordenamiento también afecta el sitio donde descansan los restos de sus antiguos, por lo que corresponde convocarlos al igual que a nosotros, para dar validez legal a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques”.