USHUAIA.- Horacio Galego, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego y el tesorero, Ricardo Climent; firmaron una extensa nota que fue remitida al Gobierno donde reclaman que se abone una porción de la deuda histórica, considerando que se encuentran en una situación “insostenible”, por atrasos en el pago de sueldos y con gastos operativos que son afrontados con dinero del bolsillo de las autoridades.
La nota señala: El Gobierno provincial ha convocado a todos los sectores según sea su ámbito de aplicación. Así entonces, a la espera de nuestra convocatoria fuimos respetuosos de los tiempos de las autoridades entrantes, aun cuando tenemos sobrados motivos para poder buscar soluciones inmediatas. A pesar de ello, de manera informal intentamos acercar posiciones ante legisladores o visitando Casa de Gobierno para mantener información de primera mano de cómo estaban nuestros pagos.
Luego de haber firmado un convenio hace unas semanas atrás para que se nos pueda abonar una pequeña porción de una deuda histórica, monto que hoy es indispensable para poder subsistir al menos, nos dimos con que autoridades como el nuevo tesorero de la Provincia devolvió expedientes de pago a auditoría interna para su revisión.
Esta dilación en los pagos, los sucesivos asuetos decretos en estas semanas, nos coloca en una situación angustiante irreversible con gente que no cobra sus sueldos desde hace por lo menos dos meses. No soportamos más esta situación. Nos llama la atención que siendo una pieza fundamental en la protección civil de la ciudadanía no fuimos convocados ni ahora ni cuando comenzó la transición política postelecciones para que, aunque sea, pudieran saber de nuestra parte cómo está la situación en la provincia, o al menos las autoridades de esta Federación no fueron convocadas.
Hoy en día miembros de las comisiones directivas han afrontados gastos operativos de los cuarteles para que no se vea resentido el normal funcionamiento (gas, seguros, etc.; aunque por ley nacional deben ser afrontados por el Estado), confiados en que mediante una decisión política se autorizara el pago de los expedientes que habían llegado mediante la firma de la adenda del convenio a la Tesorería de Gobierno. Eso no sucedió y hoy la situación es insostenible. Lamentamos mucho llegar a esta instancia, pero sabemos también de la continuidad del Estado desde lo normativo y jurídico.
Existen trámites administrativos pendientes de diligenciamiento desde más de un año y que hubiera podido arrimar una solución a este incordio, por eso accedimos a una nueva adenda de un convenio que tampoco viene siendo cumplido.
También hay cuarteles que cobran 50% del subsidio de la ley 736 por una facultad que le otorgó la ley 1132 a la Secretaría de Seguridad y que esta ejecutó sin más, sin percibir que ese descuento con pagos extemporáneos, con montos viejos y la inflación imperante, no servía para poder mantener un cuartel por su poco valor adquisitivo; tampoco fue advertido por la autoridad de aplicación dicho extremo y hoy parece que venimos como gente insensata a reclamar algo inverosímil.
Hemos advertido en notas anteriores que la falta de reglamentación de la ley 1250 (sancionada en noviembre de 2018) está trayendo serios inconvenientes a quienes serían sus beneficiarios y que también fue advertido a las autoridades de protección civil. El expediente de reglamentación se encuentra sin movimiento en seguridad desde el 8 de octubre de 2019 (expediente 2262-2019/SS).
De haber sido puesto en marcha la nueva ley 1250 todo esto no hubiera sucedido, como le decíamos Sr. Secretario, ya ha ocasionado serias lesiones a derechos de quienes no tienen, por ejemplo, una obra social que establece dicha ley y que hoy no la pueden utilizar, teniendo como ejemplo un beneficiario que está padeciendo una enfermedad terminal que no puede costear producto de la inacción, omisión o actitud maliciosa de anteriores funcionarios de Protección Civil. En ese sentido apelamos a su predisposición y buena voluntad para corregir estos serios errores cometidos y que se tendrán que dirimir por cuerda separada ante los estamentos judiciales correspondientes, lo cual accionaremos a la brevedad.
Por ello, desde esta Federación solicitamos con urgencia una reunión para destrabar la situación en la que nos encontramos, determinando a partir del día de la fecha el estado de alerta y posible corte de servicio que brindamos a la comunidad, por la imposibilidad económica de mantenerlos.