La Justicia Federal allanó sociedades de Bolsa al detectar que una firma que opera en Vaca Muerta sobrefacturó importación de bienes de capital por US$ 232 millones entre enero de 2019 y junio de 2022 para luego reingresar esas divisas al país a través del mercado financiero.
BUENOS AIRES (TELAM).- El supuesto objetivo de la empresa era el ingreso de equipamiento para el montaje y la puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas, informaron fuentes de la Aduana.
El martes pasado, agentes especializados de la Aduana y personal de Gendarmería llevaron a cabo diferentes allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola. Uno de los principales domicilios allanados fue el de Allaria Ledesma, una reconocida compañía de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) que opera en Argentina.
La causa se basa en el posible lavado de dinero a través de una triangulación de divisas que en principio era destinada para la importación de bienes de capital, cuya inconsistencia quedó detectada a través del aporte de intercambio de información implementado por la Aduana.
Al comienzo de la investigación, lo que llamó la atención a la Aduana fue que el alto monto involucrado arrojara sustanciales diferencias con los valores declarados por la firma NRG, quien había obtenido beneficios establecidos por la Ley de Minería.
El principal proveedor del exterior era una firma radicada en los Estados Unidos, inscripta como Marull Heavy Equipment, quien tenía como único cliente a la empresa argentina NRG. Sin embargo, el hallazgo por parte de la Aduana fue que Oscar Guercio, accionista de NRG Argentina, a su vez era apoderado en la cuenta que administraba Marull en un banco norteamericano.
Desde esa cuenta se giraron alrededor de US$ 37 millones que ingresaron al país a través de una cuenta de la ALyC Allaria para luego ser liquidados al Contado con Liquidación (CCL).
Además, producto de la investigación, la Aduana detectó que Guercio y Marull eran socios de una tercera sociedad denominada como Mardg.
En concreto, esta maniobra pudo ser confirmada a raíz del acuerdo de intercambio de información (TIR) que permitió obtener la información necesaria para conocer tanto el destino final de los fondos como las coincidencias en quienes integraban y participaban en las distintas compañías.
La investigación de la causa cuenta también con la intervención del Juzgado Federal de Campana.