RIO GRANDE.- Dos allanamientos se realizaron el martes en el marco de una denuncia de un particular contra otro por el presunto delito de “amenazas con arma de fuego”, en relación a un sujeto identificado como Juan Manuel Bahamonde, quien le habría dejado una bala calibre 44 en tono intimidatorio.
Tras la denuncia del hecho ocurrido en Tolhuin, se libraron allanamientos, uno en Río Grande y el restante en aquella localidad.
En Tolhuin el resultado fue positivo con el secuestro de una carabina, 60 cartuchos para escopeta y otras municiones de distintos calibres. Además se resguardaron 30 mil pesos y 5.400 dólares.
En Río Grande la situación fue más complicada ya que se allanó la vivienda de calle 25 de Mayo 1090, propiedad de Bahamonde, el cual se informó que resultó negativo en la búsqueda del arma calibre 44 que era reclamada desde la Justicia.
En cuanto a este segundo procedimiento la controversia surgió después cuando trascendió ayer que el grupo táctico de la Policía ejecutó el allanamiento en un domicilio que no era precisamente el de Bahamonde, sino de sus inquilinos, los que resultaron damnificados por el accionar policial.
Al tratarse de un procedimiento con la posible presencia de armas de fuego, el protocolo indica que por razones de seguridad se irrumpe en el domicilio con un grupo fuertemente armado y con escudos de protección, a fin de evitar posibles represalias mediante disparos.
La medida se ejecutó de esa manera, aunque sin que el grupo táctico supiera que quienes fueron perjudicados por este accionar no eran parte de esta causa, sino inquilinos del imputado: el abogado Walter Pollicita y su pareja, Aída Solís.
La mujer relató: “La pasamos muy mal, estábamos en casa y vemos algo negro por la puerta que era el escudo, y entra un grupo de encapuchados, armados, lo menos que pensás es que es la Policía, yo me asusté traté de entrar a mi cuarto, rompieron la puerta y me tiraron al suelo, un hombre me palpó de armas, y a Walter ya lo tenían esposado en el suelo boca abajo”.
La mujer señaló que “estuvimos una hora así, no nos decían nada, porqué era el allanamiento, y finalmente nos pidieron disculpas y se fueron” señaló, asegurando que radicó la denuncia en el respectivo juzgado de turno.
El problema reside en que precisamente ese mismo juzgado, el de instrucción de Segunda Nominación, es el que dictó la orden de allanamiento, pero en base a tareas investigativas previas de la Policía que indicaban ese domicilio como la vivienda del imputado Bahamonde, siendo esa la raíz del error.
La mujer damnificada concluyó señalando que “acá 25 de Mayo 1090 son tres casas y un kiosco, los departamentos no tienen nada que los distinga uno de otro, pero ni siquiera se tomaron el trabajo de averiguar bien, por que este señor que buscaban vive sobre la cuadra de Obligado, a la vuelta de nuestra casa”, reclamó.