El alquiler de un edificio es una complicación más para poner en marcha el Código Contranvencional

USHUAIA.- Por las características que deben reunir los inmuebles, el Superior Tribunal de Justicia tiene algunos inconvenientes para poder habilitar los Juzgados Contravencionales en la Provincia y es ese uno de los factores que llevaron a pedir a la Legislatura la sanción de una ley para prorrogar la puesta en marcha de esos Tribunales hasta el año que viene.

Las autoridades de la Corte fueguina están a la expectativa de encontrar ofertas de inmuebles que reúnan las condiciones mínimas que se requieren para el funcionamiento de los nuevos Juzgados en Ushuaia y Río Grande.

El vicepresidente del Superior Tribunal, juez Javíer Muchnik, dijo que “no hay una oferta inmobiliaria que reúna los requisitos para que un Juzgado Contravencional pueda funcionar, teniendo en cuenta la conflictividad o problemática que van a tramitar”, asegurando que los mismos no pueden estar en lugares céntricos, más en el caso de Ushuaia que es una ciudad turística.

Los inmuebles para el funcionamiento de los nuevos Tribunales “tienen que reunir determinadas características, donde la ubicación es importante y eso todavía no lo hemos podido cumplir”, dijo el juez Muchnik, puntualizando que “se ha llamado a licitación para alquilar unidades en Ushuaia y Río Grande y estamos a la espera del resultado de las mismas”.

Respecto a las características que debe reunir la estructura edilicia, el juez Muchnik dijo que “hicimos estimación que deben tener como mínimo 200 metros cuadrados cubiertos, para que pueda funcionar la planta legamente establecida para su funcionamiento que son un juez, un secretario, un prosecretario y tres empleados, para comenzar y luego con la práctica se verá si debe ser ampliado”.

El Código Contravencional se debió poner en marcha este primero de julio, pero por vigencia de la Ley 1087 la puesta en marcha de esa nueva herramienta de administración de justicia fue postergada hasta el primero de febrero de 2017. Falta aún el nombramiento de los jueces (uno por cada jurisdicción), y el personal que los asistirá.