RÍO GRANDE.- Numerosas repercusiones hubo ayer a raíz del anuncio del Gobierno nacional de una reforma impositiva que implicaría la quita de aranceles que protegen a la industria fueguina. Primero el proyecto debe ser aprobado por el Congreso, pero eso no impidió que desde casi todos los sectores políticos y gremiales salgan a defender la industria fueguina.
El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, advirtió las graves consecuencias en Tierra del Fuego. “Tenemos que pedirle al Gobierno nacional que revea estas medidas que atacan profundamente a la industria nacional, al empleo de los fueguinos, a miles de familias que ven correr riesgo a su puesto laboral, pero tampoco debemos perder de vista que está en juego también la cuestión geopolítica”, insistió.
Mientras que los concejales de Río Grande María Eugenia Duré, Verónica González, Alejandro Nogar, Laura Colazo, Raul von der Thusen y Paulino Rossi emitieron un comunicado donde expresan su preocupación por los anuncios de Nación que afectan a la industria fueguina.
Algo similar ocurrió en Ushuaia, donde el intendente Walter Vuoto se puso a disposición de los reclamos que pueda encarar el Gobierno provincial. Mientras que los concejales de esa ciudad expresaron el rechazo a las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne. El presidente del Concejo Juan Carlos Pino (FPV – PJ) afirmó que “la reducción del 12% o 17% representa la quita de $2.500 millones para el Estado, y la pérdida de 15 mil puestos de trabajos en forma directa”. El proyecto no contó con el voto del concejal Tomás Bertotto (PRO).
La senadora nacional Miriam Boyadjian sostuvo que «desde el Congreso estamos dispuestos a analizar todos los anuncios realizados, pero desde ya anticipamos nuestro rechazo a cualquier proyecto de ley que perjudique a nuestra provincia».
Desde el lado del PRO y de Cambiemos, los dirigentes tomaron diferentes posturas. El diputado Gastón Roma fue prácticamente el único que salió a defender la propuesta del Ejecutivo nacional asegurando que “es una medida adoptada por el Gobierno nacional que tiene por objetivo sentar a todos los gobernadores a negociar”.
Otros dirigentes del mismo sector fueron más prudentes, como el recientemente electo diputado por Cambiemos, Héctor Stefani, quien afirmó que se reunió con el Ministro del Interior para pedir la modificación de aspectos del proyecto de reforma tributaria que pueden afectar a la industria fueguina. «La reforma tributaria no debe afectar a la industria fueguina, dijo.
Otro que se mostró “preocupado” fue el legislador radical Pablo Blanco. “Somos defensores de la industria independientemente de que el color político del Gobierno pertenezca a nuestro espacio”, expresó ayer.
Por otro lado, para el ministro de Industria de Tierra del Fuego, Ramiro Caballero, “socialmente el daño ya está hecho porque la incertidumbre al pueblo de Tierra del Fuego ya se generó”. “Primero que tienen alto desconocimiento, los anuncios del día de ayer son totalmente contrarios al camino que inclusive nos habíamos puesto de acuerdo con Nación, que era mejorar la condición productiva y la competitividad de la provincia”, afirmó.
Otro que opinó fue el dirigente del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, quien sostuvo que “estamos en un momento donde si no nos ponemos los pantalones largos todos los fueguinos esto se va a complicar mucho, nos va a afectar a todos”. Además remarcó que “obviamente que la palabra la tenemos que dar los dirigentes gremiales desde el punto de vista de la representación que tenemos, y también hay que difundir la situación al resto de los trabajadores porque acá hay que hacer una campaña informativa”.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Tierra del Fuego se sumó al rechazo generalizado contra el proyecto del Gobierno nacional que propone eliminar los impuestos internos para la importación de celulares, televisores y otros productos electrónicos. Fabio Seleme, secretario de Extensión de esa Casa de Estudios, coincidió con la gobernadora Rosana Bertone en que el proyecto, de aprobarse, supone la “disolución territorial” de la Provincia.