La resolución fue refrendada por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. La jueza Ana María Figueroa votó en disidencia. El abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, afirmó que “es una aberración jurídica que convalida la impunidad”.
BUENOS AIRES (Télam).- La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de tres exmilitares acusados de vejaciones y torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas en 1982, al ratificar que consideran prescriptos. Lo hizo en base a un fallo de 2009 que consideró que no hubo delitos de lesa humanidad.
La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de “vejaciones” quedaron anulados, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución.
Casación hizo lugar así a planteos de la defensa de los procesados y de otro acusado con falta de mérito, Belisario Affranchino Rumi.
“La decisión de la Cámara es una aberración jurídica que convalida la impunidad en clara oposición al derecho internacional, las torturas son violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola. El letrado anticipó que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los antecedentes del caso
El Tribunal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había confirmado los procesamientos el año pasado, al considerar que se cometieron delitos de lesa humanidad, en sintonía con el juzgado de primera instancia que lleva la causa.
Pero las defensas apelaron en base a un fallo del 2009 vinculado a otro acusado, Jorge Taranto, en el cual con otros jueces, la misma sala I de Casación consideró prescriptos los delitos, al no encuadrarlos como de lesa humanidad.
Este fallo de 2009 quedó firme y en 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de revocatoria contra la prescripción de la acusación a Taranto, por entender que era “cosa juzgada”, al no haber sido apelado dentro de los plazos legales.
Un planteo similar en la Corte
En la actualidad, el máximo tribunal del país analiza otro planteo similar contra la prescripción de la causa por el paso del tiempo y en reclamo de que los delitos se declaren de lesa humanidad imprescriptibles, presentado por la situación de otro imputado, Jorge Ferrante, cuyo procesamiento también anuló Casación.
En la resolución en la que ahora anuló los procesamientos de Gassino, Garde y Calderini, el máximo tribunal penal federal se remitió a los fundamentos del caso Ferrante vinculados a la prescripción y devolvió la causa al Tribunal de origen “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos”.
El fiscal ante Casación, Javier De Luca, había dictaminado por declarar que los hechos investigados “constituyen crímenes de guerra y/o graves violaciones a los derechos humanos”.
En ese sentido, la fiscalía pidió rechazar las apelaciones y confirmar los procesamientos para enviar a los acusados a juicio.
Por su parte, la camarista Figueroa votó en disidencia a favor de mantener abierta la investigación y confirmar los procesamientos en sus anteriores intervenciones por otros casos, ante lo cual se remitió a esos fundamentos.
Según la defensa de los acusados, la resolución ahora anulada “presenta una errónea aplicación de la ley sustantiva en tanto se aparta de la doctrina fijada tanto por ésta Cámara como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expedirse en el caso Taranto”.
La reacción del Cecim
Desde el Cecim, que acompaña las denuncias de los excombatientes, “lo que hace el Poder Judicial es revictimizar a los soldados torturados, a 40 años de Malvinas los torturadores siguen recibiendo homenajes y haberes de retiro del Estado”, según denunció Iraola.
Para el representante de los soldados veteranos, la Cámara Federal cometió un “abuso de autoridad” al dictar la resolución y no descarta la existencia de prevaricato.
La megacausa por torturas y violaciones a los derechos humanos de soldados en la guerra de Malvinas está a cargo de la jueza federal de la ciudad fueguina de Rio Grande, Mariel Borruto, quien declaró los delitos como de lesa humanidad imprescriptibles.
Pero en mayo de 2021 esta decisión fue revocada en Casación, en el fallo que está en la actualidad bajo revisión en la Corte Suprema.
Los acusados y las víctimas
Gassino, Garde, Rumi y Calderini se presentaron a indagatoria a fines de 2019 y quedaron procesados en febrero de 2020 por “imposición de tormentos”, como estaqueamientos y enterramientos de los soldados castigados en mayor parte por salir en busca de comida, ya que pasaban hambre extrema.
En abril de 2021, la Cámara de Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre el juzgado de Tierra del Fuego, confirmó de manera parcial tres de los procesamientos y cambió el delito a “vejaciones”, pese a lo cual igual los consideró como de lesa humanidad e imprescriptibles. Este fue el fallo que ahora anuló Casación.
Entre las víctimas estuvieron los soldados Jorge Diez, Carlos Rodas, Elvio Nis, Antonio Gallardo, Román Solís y José Suárez, quienes denunciaron que fueron obligados a sentarse dentro de un pozo, enterrados hasta el cuello sin abrigo, casi por diez horas como castigo por haber sustraído una oveja para comer.
En otro caso, el del conscripto Mario Sauco, se lo obligó a poner sus pies “cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes”.
El soldado Carlos Argentino Pereyra fue “estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada”, según la causa judicial.
Los exmilitares imputados en esta parte del caso estaban destacados en el Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, en Corrientes, cuando comenzó la guerra y se los trasladó a combatir entre abril y junio de 1982.