Por unanimidad el Senado aprobó ayer en sesión especial el proyecto de asistencia al turismo, con importantes beneficios fiscales y financieros hasta el 31 de diciembre de este año para que las empresas del sector puedan atravesar la crisis económica durante la pandemia de coronavirus.
BUENOS AIRES (NA).- Con 69 votos a favor la iniciativa -que surgió de la síntesis de 11 proyectos de senadores de distintas fuerzas- logró la media sanción y será debatida en Diputados, donde ya hay un proyecto de emergencia turística similar con dictamen propio.
La miembro informante del oficialismo, la senadora por Chubut, Ana María Ianni, destacó que dentro de la batería de medidas para paliar la crisis y garantizar el sostenimiento del sector se incluye la prórroga del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 31 de diciembre de este año para todas las actividades paralizadas o que demuestren una facturación menor al 30% de la que tenían previamente a la pandemia.
El menú de herramientas de la normativa comprende además la reducción del 95% del pago de contribuciones patronales de empresas del rubro, y medidas impositivas y fiscales que “permitan desahogar la situación prorrogando vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020”, mencionó la senadora patagónica del Frente de Todos.
Esto también incluye la suspensión de medidas cautelares que ANSES y AFIP mantengan sobre contribuyentes; así como la prórroga por 180 días de vencimientos de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias; reducción de alícuotas sobre impuestos a los créditos y débitos y otras operatorias hasta el 31 de diciembre.
En cuanto a los beneficios para consumidores, se establece un bono fiscal vacacional para las familias cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos, por única vez, para su uso dentro del país.
Y se crea un régimen de preventa que otorga un crédito a favor de las personas humanas, que será del 50% del monto de cada compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del país, aunque con un tope que queda librado a la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo.
El cordobés del Frente de Todos Carlos Caserio mencionó el costo económico que tendrá este plan de salvataje para el fisco nacional, que calculó en 46.000 millones de pesos.
Según informó, la reducción en el pago de impuestos patronales hasta fin de año representaría una pérdida de recaudación de 11.700 millones de pesos, en tanto que el ATP implicará desembolsos totales de 33.000 millones y la reducción de impuestos al débito y crédito implicará una merma de recursos de 2.000 millones.