BUENOS AIRES (NA).- El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel de personal sobre la séptima revisión en el marco del SAF de Argentina. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, Argentina tendría acceso a unos 4.700 millones de dólares.
Se alcanzaron entendimientos sobre un conjunto reforzado de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica y volver a encarrilar el programa actual, ya que los objetivos clave del programa no se alcanzaron por amplios márgenes debido a los graves reveses políticos del gobierno anterior.
La nueva administración ya está implementando un ambicioso plan de estabilización, basado en una gran consolidación fiscal inicial, junto con acciones para reconstruir las reservas, corregir desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del banco central y crear un sistema más simple, basado en reglas y orientado al mercado. economía orientada. También prevé la ampliación de la asistencia social para proteger a los más vulnerables.
Los detalles
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por Luis Cubeddu, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental y Ashvin Ahuja, Jefe de Misión para Argentina, emitió hoy en Buenos Aires la siguiente declaración tras la conclusión de Debates sobre la séptima revisión del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina.
El personal del FMI y las autoridades argentinas llegaron a entendimientos sobre un conjunto de políticas económicas que pueden restaurar la estabilidad macroeconómica en Argentina y volver a encarrilar el programa actual. Este acuerdo, sujeto a una implementación de políticas continua y duradera, se presentará para su aprobación por parte del Directorio Ejecutivo del FMI en las próximas semanas. Una vez finalizada la revisión, Argentina tendría acceso a alrededor de US$ 4.700 millones (o DEG 3.500 millones), lo que sería consistente con alguna reprogramación dentro del paquete del programa.
El desembolso propuesto tiene como objetivo apoyar los fuertes esfuerzos políticos de las nuevas autoridades para restaurar la estabilidad macroeconómica y ayudar a Argentina a satisfacer sus necesidades de balanza de pagos.
La nueva administración heredó una situación económica y social excepcionalmente desafiante, con desequilibrios macroeconómicos crecientes que reflejan principalmente políticas inconsistentes y expansivas, especialmente durante los últimos trimestres del año pasado. La inflación mensual se aceleró hasta el 12,8 por ciento en noviembre, las reservas se agotaron, la moneda se sobrevaluó aún más y la brecha cambiaria aumentó a máximos históricos.
La continua dependencia del financiamiento del Banco Central y de medidas intervencionistas llevaron a un mayor deterioro del balance del la entidad bancaria y a un sobreendeudamiento de la deuda comercial de los importadores. Mientras tanto, los salarios reales cayeron aún más hasta alcanzar mínimos de varios años y se estima que los niveles de pobreza superaron el 45 por ciento.
El programa se desvió gravemente. No se alcanzaron las metas de finales de septiembre en materia de déficit fiscal primario y atrasos internos, y los datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron por un margen aún mayor. Tampoco se cumplieron los objetivos de reservas internacionales netas, con desviaciones con respecto al objetivo de fin de año de alrededor de 15 mil millones de dólares antes del inicio de la nueva administración.
Un ambicioso plan de estabilización
En este contexto, el presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron rápida y decisivamente para desarrollar y comenzar a implementar un sólido paquete de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica y están totalmente decididos a volver a encarrilar el programa actual.
Las autoridades están consiguiendo apoyo social y político para su plan de estabilización. El plan se centra en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte y creíble, junto con acciones para reconstruir las reservas, corregir desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del banco central y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado. El plan también busca ampliar la asistencia social para proteger a los más vulnerables. Se emitió un Decreto de Emergencia y se presentó al Congreso un proyecto de ley general para apoyar los planes de estabilidad y crecimiento de las autoridades.
Si bien el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar, las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis. Esto marcó un punto de inflexión, ya que las compras de divisas del banco central superaron los 3.600 millones de dólares durante el mes pasado y algunas empresas argentinas comenzaron a recurrir a los mercados internacionales. En las etapas iniciales, la eliminación de los controles de precios heredados y la corrección del desajuste cambiario tendrán un impacto inflacionario y profundizarán la contracción de la actividad que ya está en marcha.
A medida que se implementen políticas y se reconstruya la credibilidad, debería afianzarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un mayor fortalecimiento de la posición externa y una eventual recuperación de la producción, la demanda y los salarios reales. Dadas las grandes incertidumbres, las autoridades se han comprometido a recalibrar las políticas según sea necesario para cumplir los objetivos del programa.
Comprensiones clave
La política fiscal. Las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2 por ciento del PIB este año (consistente con el equilibrio general), mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos. Se espera que los ingresos se vean respaldados temporalmente por mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola.
Mientras tanto, la racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad. Las medidas iniciales se complementarán con esfuerzos a lo largo del tiempo para salvaguardar un equilibrio fiscal general, a través de mejoras de alta calidad en la eficiencia de los sistemas tributario y de gasto.
Protección social. Las autoridades han reforzado significativamente la asistencia social a través de programas de subsidios por hijos y cupones de alimentos, al tiempo que se alejan de los programas sociales distribuidos a través de costosos intermediarios. Planean preservar el valor real de las pensiones y aumentar la asistencia social según lo justifiquen las condiciones.
Política cambiaria y reservas. Tras la gran devaluación de mediados de diciembre, la política cambiaria de las autoridades seguirá apoyando los objetivos de acumulación de reservas. Es importante destacar que han abandonado el opaco sistema de controles administrativos de importación (SIRA) y están en el proceso de abordar el gran sobreendeudamiento de los importadores, ofreciendo instrumentos cambiarios a los importadores que registren adecuadamente sus deudas comerciales.
Han pasado a un régimen más basado en el mercado y han abandonado el enfoque anterior de intervenir en los mercados de divisas de futuros paralelos y no entregables, al tiempo que levantan las restricciones comerciales. Están firmemente comprometidos a seguir eliminando prácticas monetarias múltiples y restricciones cambiarias en el corto plazo, al tiempo que buscan desmantelar las medidas de gestión de flujos de capital (CFM) a medida que se abordan los desequilibrios y las condiciones lo permiten. Se espera que estas políticas conduzcan a una acumulación de reservas netas de 10.000 millones de dólares para finales de 2024, incluidos 2.700 millones de dólares acumulados durante las últimas semanas de 2023.
Política monetaria. La postura de la política monetaria evolucionará para respaldar la demanda de dinero y la desinflación, mientras que el marco y las operaciones de la política monetaria se ajustarán para fortalecer su papel de anclaje. Las autoridades se han comprometido a poner fin al crédito del banco central al gobierno y seguirán reduciendo el gran excedente de pesos, al tiempo que fortalecerán gradualmente el balance del banco central.
Planes de financiación. De acuerdo con el programa fiscal, el gobierno no buscará ninguna forma de financiamiento neto de mercado, sino que se concentrará en mejorar el perfil de vencimiento de la deuda interna. Reconstruir las relaciones con los mercados de capital internacionales también es una máxima prioridad.
Políticas estructurales. Las autoridades están decididas a abordar los impedimentos de larga data al crecimiento y las exportaciones, e impulsar el vasto potencial energético y minero de Argentina, incluso aumentando la competencia y simplificando la burocracia. Las recientes iniciativas legislativas representan un paso importante en esta dirección, para el cual se está buscando apoyo político.
Modalidades del programa. Las autoridades actualizaron los objetivos del programa, en consonancia con sus planes para una consolidación fiscal y externa más ambiciosa.
“El personal del FMI agradece a las autoridades argentinas, encabezadas por el Ministro Caputo, el Presidente del Banco Central, Bausili, y el Jefe de Gabinete, Nicolas Posse, por su profundo compromiso, así como su firme compromiso con el arduo trabajo de restaurar la estabilidad económica y sentar las bases para una economía más sostenible. una economía sostenible y vigorosa liderada por el sector privado que beneficie a todos los argentinos.