RIO GRANDE.- Comparada con Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Uruguay. Argentina tiene muy poca independencia política a la hora de la evaluación de la labor educativa. Los países nombrados cuentan con organismos autónomos para evaluar la calidad de la educación. En Argentina, el organismo responsable de esta tarea depende del Ministerio de Educación nacional.
La nueva estructura organizativa del Ministerio de Educación de la Nación, creada por el Decreto 50/2019, establece que la evaluación educativa queda a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, cuya principal función es brindar insumos “a la comunidad educativa y a la sociedad en general para contribuir a la mejora continua de la educación”. Además, desde 2016, la educación tenía rango de secretaría en la Argentina.
El informe “¿Cuáles son los organismos responsables de la evaluación educativa en los países de la región?”, del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Juan J. Llach, releva cuáles son los organismos responsables de la evaluación educativa en distintos países de América Latina. Se describe cuál es el estatus legal de cada organismo, sus funciones principales y el mecanismo de elección del director, entre otras cuestiones.
Se mencionan, entre otros, los casos del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (INEP) de Brasil; el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES); la Agencia de Calidad de la Educación de Chile; el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) de Ecuador; y el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación de México, que reemplazó en 2019 al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La mayoría de estos organismos son autárquicos o autónomos.
“Tener una institucionalidad más independiente genera las condiciones necesarias para la continuidad de las políticas de evaluación. Contar con un instituto de evaluación educativa es un modo de garantizar que la evaluación sea una política de estado, es decir, que no cambie cada vez que asume un nuevo gobierno”, afirma Juan J. Llach, ex ministro de Educación y autor del informe.
En Argentina, en 2018 se presentó un proyecto de ley para crear el Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), que sería un ente descentralizado del Ministerio de Educación, con autonomía funcional y potestad para dictar su organización interna, autarquía económica financiera y personería jurídica propia.
“El proyecto no agrega novedad sobre las funciones de organismos preexistentes. No es superador incluso del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, creado en 2006 y prescripto en el artículo 98 de la Ley de Educación Nacional”, dijo Marina Paulozzo, especialista en evaluación educativa de la UNIPE.
A nivel local, un antecedente en esta línea fue la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad. La Ley 5.049 de 2014 establece que el director ejecutivo será designado por el Poder Ejecutivo luego de un concurso público de antecedentes, pero hasta el momento no se ha realizado este concurso. Tampoco se han creado el Consejo Consultivo ni el Comité Científico Académico previstos por la ley.
“La continuidad de las políticas de evaluación, la consolidación de equipos técnicos bien formados y la existencia de marcos de evaluación que planteen horizontes a mediano y largo plazo”, planteó Lilia Toranzos, especialista en Evaluación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Toranzos, también enfatizó que es clave la convergencia de diferentes áreas responsables de la educación y diferentes actores del sistema en la mirada atenta sobre los resultados, así como el diseño de renovadas estrategias de evaluación, lectura y análisis sobre la información.
