Es una práctica que va en aumento desde la fiscalía del Distrito Judicial Norte en un año de pocos procesos penales orales. Generalmente en casos con riesgo de dudas se ofrecen penas menores a las defensas para aceptar una condena en omisión de debate. Esta vez se hizo en el caso de dos asaltantes de una inmobiliaria que tenían frondoso caudal probatorio en su contra; pero mas allá de eso la fiscal cedió a una pena mínima de 3 años de prisión, aún tratándose de reincidentes.
RIO GRANDE.- El proceso de omisión de debate lo cerró semanas atrás el Tribunal de Juicio Oral a partir del trámite solicitado por la fiscal Laura Urquiza para evitar la labor del juicio oral, en un proceso en el que, a pesar del caudal probatorio, concedió a la defensa la posibilidad de acceder al mínimo de la pena estipulada para un “robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no fue comprobada”.
Sujetos a este acuerdo ofrecido desde la fiscalía, los jueces no pudieron ir mas allá de la pena solicitada, y condenaron a tres años de prisión a Denis Rafael Lezcano de 28 años y a Nicolás César Rodríguez de 26, por el asalto del 21 de octubre de 2016, cuando ingresaron a punta de revólver a la inmobiliaria Contacto Propiedades de Perito Moreno 721.
En esa oportunidad, valiéndose de un revólver calibre 32 ó 38 que no pudo ser recuperado; Lezcano y Rodríguez se llevaron un celular y 16 mil pesos en efectivo, los cuales fueron recuperados en su poder.
A esto se sumaron imágenes de cámaras de seguridad, rastros y huellas tomadas en el lugar del hecho, y hasta el rastro georeferencial del celular sustraído que permitió localizar a los imputados.
A pesar de todo este bagaje probatorio, la fiscal Urquiza tomó la decisión del camino de la omisión de debate que aligeró la tarea de llevar este caso a juicio; una práctica que comienza a tornarse común desde la fiscalía del Distrito Judicial Norte.
Esto lleva a que los malvivientes tengan la posibilidad de tratos favorables en cuanto a solicitud de penas para que acceden a este proceso abreviado, en el cual los jueces no pueden ir más allá de lo que solicita la fiscalía.
Pena mínima
En este caso la pena de 3 años resulta escueta, ya que es el mínimo de la escala prevista para este delito, cuando incluso se trata de imputados con antecedentes judiciales.
De hecho Lezcano posee anteriores condenas por dos violentas agresiones, quedando su pena unificada en un total de 5 años; mientras Rodríguez posee otras condenas por un caso de lesiones graves y un delito contra la propiedad, que llevó la unificación de su condena a 3 años y 6 meses de prisión.
Solo esto evitó que estos peligrosos sujetos retornaran a las calles, quedando recluidos en la Unidad de Detención N°1; mientras el único objetivo del Ministerio Público Fiscal parece ser “aligerar” la carga laboral.