La exdirectora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort, que consideró además que existe una traba legal para satisfacer el reclamo de los ex «colimbas» que cumplieron tareas de defensa y logística en bases militares de las costas patagónicas.
BUENOS AIRES (NA).- Es poco probable que con el gobierno de Mauricio Macri los exsoldados conscriptos que acampan desde hace casi nueve años en Plaza de Mayo sean reconocidos como Veteranos de la Guerra de Malvinas, ya que otorgarles los beneficios que demandan implicaría un costo «significativo» para el sistema previsional argentino.
En esos términos se expresó la ex directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa Graciana Peñafort, que consideró además que existe una traba legal para satisfacer el reclamo de los ex «colimbas» que cumplieron tareas de defensa y logística en bases militares de las costas patagónicas durante el conflicto bélico contra Gran Bretaña.
En declaraciones a NA, Peñafort sostuvo que los exconscriptos del campamento ubicado junto a la Pirámide de Mayo «sí estuvieron» en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) en 1982, pero «no participaron en acciones bélicas», e indicó que esta situación fue la que impidió a la cartera castrense, encabezada entonces por Agustín Rossi, avanzar con los trámites de reconocimiento.
La exfuncionaria dijo que a lo largo de casi tres años trabajó en el Ministerio en pos de resolver esta problemática, pero que se encontró con un «límite legal» insoslayable, al tiempo que se mostró escéptica frente a la posibilidad de que el gobierno de Macri satisfaga las demandas de los exsoldados.
«Para mí la única solución viable es un reconocimiento por vía de una nueva ley que contemple las particularidades específicas de ellos, (dado que) sufrieron parte del rigor de la guerra, pero no entraron en combate», sostuvo, y agregó: «No estaría mal una norma que prevea su situación especial».
«Me parece que es razonable que el Estado les dé algún tipo de amparo, teniendo en cuenta las características de los compañeros movilizados», dijo Peñafort, en referencia a los exconscriptos que acampan frente a la Casa Rosada desde el 25 de febrero de 2008: hace casi nueve años.
Asimismo, subrayó que «lo que ellos piden hoy es legalmente inviable porque efectivamente estuvieron en el TOAS, pero no entraron en acción bélica», y afirmó que son las Fuerzas Armadas las que consideran y sostienen que no entraron en combate durante la guerra contra los británicos.
Consultado al respecto, el presidente de la Asociación Civil Campamento TOAS Plaza de Mayo, Tulio Fraboschi, aseguró que «las acciones bélicas son todas las operaciones militares realizadas en defensa de nuestras islas Malvinas», de acuerdo con el decreto 739/89 del expresidente Raúl Alfonsín.
«Es por esto que Graciana y (el director de Asuntos Judiciales) José Bonillo en una reunión de cinco horas en el Ministerio se comprometieron a darnos el reconocimiento», agregó Fraboschi en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.
«Para el reconocimiento como Veteranos de Guerra se exige que hayamos participado en las acciones bélicas desarrolladas en el TOAS y el Manual del Ejército Argentino establece que la defensa de zona en el Teatro de Guerra es una acción de combate; en este caso, es el TOAS ese teatro», recalcó.
Un «enorme costo fiscal»
Peñafort, por su parte, consideró que los exsoldados «tienen el campamento en la plaza equivocada, porque deberían ir a la Plaza del Congreso», e insistió en que «esto se soluciona con una ley, salvo que crean que le van a sacar un decreto a Macri, cosa que no va a pasar».
Sería «un enorme costo fiscal sin una norma que lo fundamente», opinó, y advirtió: «La verdad es que el funcionario que saque un decreto, sería un tema… porque la norma es tan clara (la ley vigente) que el tipo que firme algo que no era va a tener un problema», ya que se expondrá -según estimó- a una denuncia por presunto «incumplimiento de deberes».
Remarcó que la solución para la demanda del acampe «es una ley, una ley responsable, y no es el mejor momento para reclamarla», y acotó: «No sé si va a salir, casi diría que con este Gobierno no va a salir, porque es un costo para el sistema previsional significativo».
A contramano de lo que aseguran los exsoldados, Peñafort negó que la cartera comandada por Rossi durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner les hubiera prometido que serían reconocidos formalmente como Veteranos de Guerra.
«La ley es clara; yo no puedo darte un beneficio porque sería una defraudación», esgrimió, al tiempo que desestimó «presiones» de asociaciones de excombatientes afines con el kirchnerismo tendientes a evitar que se atendiera el reclamo del grupo que lidera Fraboschi.
Afirmó que «de verdad, no las hubo», y consideró que los integrantes del campamento «tienen una idea paranoica» sobre las gestiones infructíferas realizadas por el Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior.
«No son fáciles de tratar, pero se los expliqué un montón de veces y les dije que los funcionarios no podemos pasar por encima de las leyes», señaló.
Peñafort dijo que la ley nacional 23.109 de 1984, que establece beneficios a ex soldados conscriptos que hayan participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, «es bastante clara, sobre todo el decreto (509 de 1988) que reglamenta» esa norma.
Explicó que, de acuerdo con esa ley, la asignación le corresponde a quienes se desempeñaron en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), «solo por haber estado ahí» e «incluso aunque no sean militares», en tanto a «quienes estuvieron en el continente, lo que les exige además es haber estado en la situación de enfrentamiento, haber entrado en combate».
En este sentido, Fraboschi manifestó que «el personal de las islas no estuvo en el TOM, porque el mismo decreto 509/88 aclara que las islas después del 7 de abril (de 1982) dejaron de ser TOM y pasaron a ser TOAS. O sea, el tratamiento hacia nosotros debe ser el mismo. Es vital que se entienda esto».
«Además, ¿Graciana Peñafort no sabe que la ley 23.118 ya reconoció acciones bélicas a todo el personal de la Fuerza Aérea argentina desplegado en la Patagonia, dándoles el estatus de excombatientes?», agregó.
Y terminó diciendo: «Graciana tiene mala memoria… Ustedes se comprometieron a darnos el reconocimiento del decreto 509/88; me lo dijo en privado, usted sabe que es verdad».
«No necesitamos otra ley. Confiamos en el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y en el valor de este Gobierno para darle una solución a una injusticia que ya lleva 34 años», completó Fraboschi.