Hubo bloqueos de rutas y ocupaciones de mercados y universidades, mientras en el Congreso avanza una denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Castillo.
BUENOS AIRES (TÉLAM).- Perú vivió el lunes una jornada de extrema tensión, ni siquiera suavizada por el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de que promoverá el adelanto de las elecciones para abril de 2024, por las crecientes protestas de miles de pobladores en varias ciudades y regiones, que incluyeron bloqueos de rutas y ocupaciones de mercados y universidades, mientras en el Congreso avanza una denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Castillo, ya sin fueros.
“Interpretando la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para abril del 2024”, dijo Boluarte en un mensaje a la nación difundido por televisión apenas comenzado el día.
La propuesta implica recortar en dos años el mandato en curso, iniciado en 2021 por el depuesto Castillo, y buscaba aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato después de otro día -ayer- de manifestaciones multiplicadas.
Pero el anuncio no calmó los ánimos y las protestas crecieron en número e intensidad: grupos de ciudadanos incendiaron la comisaría de Huancabamba, una localidad en el departamento Apurímac, donde ayer murió la primera persona en el contexto de estas manifestaciones.
Asimismo, tomaron el aeropuerto de Arequipa y saquearon un mercado en la misma ciudad -la segunda más importante de Perú-; cortaron al menos unas 30 rutas en todo el país; y marcharon por no menos de 10 ciudades.
Además, a los dos muertos que se registraron el fin de semana se sumó hoy una tercera víctima, en Cerro Colorado, en el área metropolitana de Arequipa, según confirmó la Policía Nacional, citada por el diario La República.
También en Arequipa fue tomada una planta de la empresa láctea Gloria, donde unas 3.000 personas produjeron algunos saqueos, prendieron fuego una camioneta y provocaron otros destrozos, según el diario Trome.
Mientras, estudiantes ocuparon la universidad de Cajamarca e intentaron hacer lo mismo en las casas de estudios de Jaén y Chota.
En todos los casos se repetía el reclamo de elecciones en 2023 y cierre del Congreso, aunque en algunas de las protestas se mezclaron tibias defensas de Castillo.
La mandataria anunció además el estado de emergencia en las zonas del país en donde se registran protestas violentas.
La radio RPP reportó dos cortes de ruta en Trujillo, cuatro en Puno, siete en Ucayali, 10 en Arequipa -la ciudad más convulsionada-, uno en Tacna, siete en Abancay y seis en Ica, mientras el transporte de pasajeros no llegaba ni salía de Cusco, la principal ciudad turística del país.
El cuadro podría agravarse si los gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas cumplen su anuncio de “paro indefinido” a partir de mañana, en este caso con el dato extra de que el colectivo reclama la “inmediata libertad” de Castillo.
Justamente Castillo difundió en sus redes sociales una carta en la que llamó “usurpadora” a Boluarte y se consideró aún al mando del país.
“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”, subrayó.
El Congreso, en cambio, le sacó a Castillo sus fueros y el derecho al antejuicio que le correspondía por haber ostentado un alto cargo y dispuso que la formulación de la causa penal tenga lugar, un paso que ya notificó a la fiscal general, Patricia Benavides, que ahora puede continuar con sus investigaciones por rebelión, conspiración y alteración del orden público.
Además de Castillo, quien fuera su última jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta, están siendo indagados por el Ministerio Público por los posibles delitos de rebelión y conspiración.