USHUAIA.- El legislador Pablo Blanco presentó un proyecto para que la Legislatura “adhiera y apoye” el requerimiento realizado por el fiscal General Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conjuntamente con el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, y el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, ante el Juzgado Federal de Río Grande.
Los fiscales sustanciaron una denuncia penal contra empresas británicas por la realización de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico, en proximidades de las Islas Malvinas, sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”.
Blanco también plantea el repudio ante lo que entiende como “una nueva acción depredatoria de nuestros recursos naturales por parte las compañías británicas que actúan a instancias y con la anuencia del gobierno inglés”.
En el proyecto el Legislador sostiene que el pasado 21 de abril, los fiscales presentaron un escrito de 25 páginas ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez y que en su requerimiento fueron denunciadas por actividades ilegales de exploración y extracción de hidrocarburos las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc. y Rockhopper Exploration plc.
La denuncia deja en claro que “los derechos soberanos y exclusivos de exploración y explotación de la República Argentina sobre su plataforma continental, al mismo tiempo producen una significativa afectación de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional”.
Pero el requerimiento fiscal presentado alude, con nombre y apellido, a otras sociedades que “en forma directa o indirecta” habrían efectuado aportes para consumar la maniobra que se denuncia. Se trata de las empresas Pretoleum Geo-Services (PGS), que habría provisto sus buques, PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer” que habrían realizado “tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos”.
Se denuncia también a la compañía Desire Petroleum p.l.c, que habría “suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL” y a Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico MV Poseidón, que habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales.
Posición en la Legislatura
Coincidiendo con lo que sostiene la denuncia Blanco señaló que: “desde la Legislatura venimos sosteniendo desde hace más de dos años que existen sobradas evidencias que permiten aseverar que, al menos desde el mes de diciembre del año 2013 y hasta el presente, estas empresas se encuentran realizando actividades relativas a la búsqueda y también extracción de hidrocarburos, de la plataforma continental argentina, sin contar con la correspondiente autorización de las autoridades competente de este país”.
El Legislador afirma en su proyecto que “la denuncia es de una gravedad inusitada ya que estas empresas, bajo la anuencia del gobierno inglés, estarían depredando nuestra plataforma submarina, amenazando severamente el medio ambiente y realizando prospecciones que afectan gravemente tanto a nuestra soberanía como al interés nacional”.
El Legislador evaluó como “valiente y apropiada” la presentación del fiscal Gonella y espera, junto al resto de los legisladores, que el juzgado federal avance con las medidas probatorias.
“Desde hace tiempo que esta Legislatura viene denunciando, una a una, las incursiones británicas ilegales en nuestras Malvinas. Es hora de que estos actos depredatorias que le faltan el respeto a nuestra provincia y al país todo, cesen”, sentenció Blanco.
