Alejandro Pérez, gerente Comercial de Camuzzi Gas del Sur, dijo que el aumento implicará que el 62% de sus usuarios pague un promedio anual de 44.480 pesos. Anunció la obra de conexión del gasoducto Fueguino con el gasoducto San Martín.
RIO GRANDE (NA y de nuestra redacción).- Empresas de transporte y distribución de gas reclamaron, el pasado 6 de febrero, aumentos como parte de la Revisión Quinquenal Tarifaria, en el marco de la audiencia pública que llevó a cabo el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
La audiencia pública por el ajuste en la tarifa de gas se realizó con el fin de avanzar en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para los segmentos regulados de transporte y distribución de gas natural que estarán vigentes para el período 2025-2029.
En la audiencia, Alejandro Pérez, gerente Comercial de Camuzzi Gas del Sur, justificó el pedido de un nuevo aumento en la tarifa del servicio que se brinda a los usuarios de Tierra del Fuego, el cual rondaría entre un 10 y un 15% en la actual tarifa que se abona, puntualizando que el 62% de los usuarios abonará un promedio anual de 44.840 pesos.
El directivo de la empresa argumentó que la actualización de tarifas es fundamental para garantizar el abastecimiento a los 2.230.000 usuarios actuales y poder continuar con inversiones clave. En este sentido, se proyectan obras por 220.000 millones de pesos que incluyen:
-Renovación y ampliación de redes de gas.
-Construcción y mantenimiento de gasoductos.
-Instalación y modernización de estaciones reguladoras y plantas compresoras.
Pérez expuso que una de las obras más importantes a encarar por Camuzzi, se encuentra en Tierra del Fuego y consiste en la conexión del gasoducto Fueguino al gasoducto San Martín, lo que implicará que los más de 60 mil usuarios que son abastecidos a través de ese gasoducto cuenten con un suministro más sólido y no tengan inconvenientes.
Las exposiciones
De los documentos presentados por las empresas se desprenden pedidos de actualización que oscilan entre 20 y 65% en promedio.
Además, piden un esquema de indexación mensual de tarifas a fin de garantizar un servicio óptimo para los consumidores. Economía dejó trascender que no autorizará subas mayores a un dígito.
El interventor del Enargas, Carlos Casares, quien presidió la audiencia, aseguró que el objetivo que persigue el gobierno con la RQT es otorgar previsibilidad a las compañías a fin de que puedan garantizar el suministro y llevar adelante sus planes de inversión.
El Enargas estima que la rentabilidad real debería ser del 7,64% para las distribuidoras y del 7,18% para las transportistas, después de impuestos.
Por otra parte, el conjunto de las 9 distribuidoras de gas se comprometió a inversiones por unos 963 millones de dólares en los próximos 5 años.
En tanto, la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), que es la cámara que las agrupa, destacó que la morosidad es de apenas 3,52%, una prueba de que las tarifas son pagables para la gran mayoría de los usuarios.
Participación de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo de la Nación participó de la audiencia pública convocada por el Enargas con el objeto de tratar los resultados de la Revisión Tarifaria Quinquenal, que se desarrolló de manera virtual.
El debate abordó por un lado la Revisión Quinquenal de Tarifas de transporte y distribución de gas y por otro la metodología de ajuste periódico de las tarifas en ambos conceptos.
También trató la modificación del reglamento de servicio de distribución en relación con los conceptos vinculados a la facultad de corte de servicio por falta de pago.
Las propuestas que enviaron las compañías al Enargas previamente buscan que se les autorice un aumento de tarifas en torno al 45%, lo que se traduce en un impacto en las boletas finales de los usuarios del 15%.
La Defensoría nacional consideró que los usuarios del servicio deben tener certeza y horizonte normativo y por el momento se desconoce cuál sería el impacto para el usuario porque las empresas presentaron un cuadro tarifario (CT) sin incluir el precio del gas, la tarifa de transporte y los impuestos y tasas”.
Para definir incrementos tarifarios deben contemplarse las circunstancias socioeconómicas de nuestro país.
En una relación tripartita entre Estado, prestadores y usuarios, existen relaciones básicas que deben ser resguardadas en su justo equilibrio. Los usuarios son los que están en mayor desventaja.
Establecer nuevos incrementos tarifarios implica analizar si los usuarios están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes.
De la audiencia participó Mariana Grosso, jefa del Área de Usuarios del Defensor del Pueblo de la Nación, quien afirmó que “por el momento se desconoce cuál será el monto que abonarán los usuarios (gas +transporte +distribución + impuestos y tasas). Por lo que el Ente Regulador debe evaluar si la factura final del usuario (incluidos tasas e impuestos) resultará razonable y si resultará asequible. Otra solución, será contraria a derecho”.
Agregó que “como siempre sostuvimos, toda modificación en las tarifas del servicio de gas no debe resultar en una mera variable económica, pues deben contemplarse otros criterios para no afectar derechos esenciales, brindando, siempre y a todas las partes, un horizonte de certeza”.