El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, recibió a la ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, con quien analizó la situación penitenciaria en la provincia y la proyección de la construcción de una nueva cárcel. Además se canceló una deuda de casi 3 millones de pesos.
USHUAIA.- Durante un encuentro que la ministra de Gobierno de la provincia, Adriana Chapperón mantuvo con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, éste último efectivizó el pago de $ 2.785.875 para la provincia de Tierra del Fuego en concepto del alojamiento de 23 presos federales en establecimientos penitenciarios provinciales.
En el encuentro los funcionarios analizaron la posibilidad de implementar la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito con Universidades fueguinas, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y asistencia legal gratuita a los ciudadanos de la provincia.
Chapperón y Soria también analizaron la posibilidad de implementar la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito en la provincia patagónica a través de universidades fueguinas, analizar la situación penitenciaria provincial.
Pago de deudas
Tras cumplimentar el pago por parte de la cartera nacional por el alojamiento de internos federales en cárceles provinciales durante el período enero 2020-junio 2021, el ministro Soria aseguró: “Es muy importante estar efectivizando el pago a la Provincia de Tierra del Fuego por casi 3 millones de pesos como contraprestación por alojar presos federales en establecimientos del Servicio Penitenciario Fueguino entre enero de 2020 y junio de 2021. Este pago se suma a los 9 millones de pesos que ya abonamos desde este mismo Ministerio para a saldar la deuda que el Gobierno anterior dejó pendiente con la Provincia de Tierra del Fuego por alojar presos federales en sus cárceles entre 2016 y 2019, 4 años que la provincia prestó asistencia al Servicio Penitenciario Federal pero que nunca habían sido pagados”.
Desde el 2020 hasta la fecha el Ministerio de Justicia de la Nación abonó $11.730.750 a la provincia por alojamientos de presos federales en cárceles provinciales. El pago de $2.785.875 efectivizado durante la audiencia es el tercero que se realiza durante el mandato del gobierno de Alberto Fernández, sumándose al pago de los períodos que Nación adeudaba con la provincia patagónica por los períodos Diciembre 2016-Abril 2018 ($513.750 abonados en 2020) y Diciembre 2016-Diciembre 2019 ($ 8.431.125 abonados en 2021).
Hasta la primera semana de septiembre, el Servicio Penitenciario Provincial aloja 23 internos federales en sus establecimientos ya que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no cuenta con establecimientos en la provincia, mientras que el SPF aloja 6 internos provinciales en cárceles y unidades federales.
En esta misma línea, la ministra Chapperón informó al ministro Soria de las gestiones que están llevando adelante desde el Gobierno fueguino para avanzar con la construcción de una nueva cárcel en Ushuaia. Al respecto el Ministro de Justicia de la Nación puso a disposición la colaboración y asistencia técnica del Programa Federal de Arquitectura Penitenciaria (PROFAPE), creado en 2020 en la órbita de la cartera nacional de Justicia, para asistir a la provincia en los requisitos técnicos necesarios para poder avanzar con el proyecto de la provincia.
Patrocinio Jurídico Gratuito
Por último, durante la reunión Chapperón manifestó al ministro Soria la voluntad de incorporar a las universidades de Tierra del Fuego dentro de la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, programa dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, creado conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación en diciembre de 2021.
La Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito puesta en funcionamiento por el Ministro Soria y Perczyk permite que las personas que acuden a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) puedan acceder a un/a abogado/a que los patrocine ante los distintos poderes judiciales del país. A partir de la institucionalización de la Red, los CAJ derivan sus casos a los servicios de patrocinio jurídico gratuito que brindan las Universidades Nacionales, así como a colegios de abogados, organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil.