El Gobierno provincial firmó un convenio de asistencia con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para capacitar al personal del sector educativo de distintos niveles en el abordaje de situaciones de violencia y prevención de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
USHUAIA.- Por decreto 962/23 fechado el 3 de abril y publicado el viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Gustavo Melella ratificó el convenio celebrado entre el gobierno provincial representado por la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), representado por su Gerente de Vinculación Tecnológica, Dr. Sergio Andrés ROMANO para dotar al personal del sector educativo las herramientas necesarias para prevenir y abordar situaciones de ciberbullying y violencia escolar.
El convenio fue suscripto el 28 de julio de 2022 y luego de su reciente ratificación corresponde la remisión a la Legislatura Provincial a los efectos de su aprobación.
No es la primera vez que el Conicet colabora en este tipo de capacitaciones. En marzo de 2018, la Secretaría de Promoción Social del Municipio de Río Grande, se contactó con el Dr. Alejandro Capriati y la Dra. Ana Clara Camarotti del equipo CONICET para iniciar un trabajo conjunto en relación con la prevención de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de vulneración de derechos. En esa primera interacción se colaboró con dicha secretaría municipal en el armado de una ruta de acción ante situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Por dicha colaboración, el equipo del CONICET recibió en diciembre de 2018 un reconocimiento del Concejo Deliberante de Río Grande por el aporte en la construcción de un sistema de respuestas integral y comunitario contra el abuso sexual infanto-adolescente.
Las agresiones sexuales son una de las formas más invisibles de violencia
En septiembre de 2021, el CONICET recibió una demanda del Ministro de Educación de la provincia para colaborar con las acciones de prevención de las violencias sexuales desde el sector educativo y fortalecer la capacidad de respuesta del personal educativo en la detección asistencia y protección de derechos frente a violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Desde entonces se han entablado conversaciones para evaluar cursos de acción posible.
“Las violencias contra niños niñas y adolescentes son un problema de salud pública y derechos humanos. Las agresiones sexuales en particular, están considerada una de las formas más invisibles de violencia y pasan a menudo desapercibidas en el entorno familiar. Ocurre mucho más de lo que se devela y sólo un pequeño porcentaje de quienes lo han padecido pide ayuda o lo denuncia. A partir de la irrupción de la pandemia de COVID-19 se incrementaron las situaciones de violencia hacia mujeres, disidencias, niños, niñas y adolescentes”, afirma el texto del convenio.
A través de este acuerdo, el CONICET se obliga a prestar asistencia técnica a la provincia con el objeto de capacitar al personal educativo mediante un plan de trabajo, siendo su unidad ejecutora el Instituto de investigación Gino Germani con la representación técnica del Dr. Alejandro Capriati, investigador adjunto del organismo científico.
Las obligaciones del CONICET se limitan a aportar los recursos humanos necesarios para desarrollar el plan de trabajo, suministrar el lugar físico y la utilización del equipamiento existente con el objeto de las capacitaciones y presentar en tiempo y forma los informes establecidos en el plan de trabajo.
En tanto, por la provincia, la representación técnica la tendrá la subsecretaría de promoción de derechos dependiente del Ministerio de Educación, a cargo de la abogada María Isabel Villarroel Arteaga.
Responsabilidad del Estado
Durante el reciente congreso “Corresponsabilidad desde el Sur” en el que se abordó la responsabilidad del Estado ante esta problemática, los participantes coincidieron en que los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son un problema social grave que plantean importantes desafíos para quienes son responsables de tomas decisiones en los distintos niveles de la función pública.
“El abordaje de la problemática debe ser integral, resguardando la confidencialidad de la información, y debe promover la accesibilidad y calidad de la atención, orientando las acciones hacia el trato digno, la protección, promoción y restitución de los derechos vulnerados, a ser escuchado/a, a vivir una vida libre de violencias, a la educación y al cuidado de su salud en todas sus dimensiones”, sostuvieron en sus ponencias.