USHUAIA.- El juez Javier De Gamas Soler procesó al secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba y otros dirigentes de la entidad sindical por haber orquestado un sistema de venta de viviendas sociales «guardando lugares» privilegiados para comercializar los departamentos construidos con fondos del Estado para beneficios de terceros.
Además de Córdoba fueron procesados Lilian Carolina Galli, Miguel Ángel Arana, Gisela Edith Escobar y Erik Enrique Moscoso Panozo.
Arana se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Ushuaia desde el año 2006 y perteneció a la comisión directiva del sindicato ATE, filial Ushuaia. Por su parte Galli era integrante de la comisión directiva de ATE y tenía un cargo dentro del gremio como Secretaria de Acción Social de la cual dependía un área de viviendas.
Y Gisela Escobar, pareja de Arana, fue procesada por lavado de activos debido a que con el dinero obtenido de la venta ilegal de las viviendas inscribió a su nombre la empresa vial G&M con la que había comprado maquinaria vial.
Cabe señalar que según la justicia, los involucrados que se quedaron con 21 de las 128 Viviendas de Barrancas del Pipo que habían sido construidas con fondos del IPV provenientes de Nación en el marco del programa «Techo Digno».
El juez De Gamas Soler sostuvo que “con el caudal económico conseguido luego de cometer las estafas, montaron una empresa y compraron maquinaria vial para ir haciendo ingresar ese caudal, de manera gradual por una doble vía».
Cabe señalar que las viviendas debían tener como destinatarios a empleados públicos afiliados a ATE, pero en cambio, se comprobó que los imputados orquestaron un sistema para venderlas a personas particulares que nada tenían que ver, ni con el gremio ni con la condición de agente estatal. Luego de esto la dirigencia involucrada hacía lobby para que los compradores fueran incorporados al listado del IPV como los futuros beneficiarios de dichos inmuebles.
Estos particulares resultaban estafados porque debían realizar una entrega en dinero en efectivo para poder incorporarse al listado y por otro lado luego deberían, en caso de ser admitidos, volver a pagar la integridad del departamento al Instituto Provincial de la Vivienda.
Pero la maniobra fraudulenta fue detectada por los controles de admisibilidad del IPV que al notar dichas anomalías decidió elaborar un informe al respecto, mientras que en Gobierno decidieron tomar cartas en el asunto. Aunque la denuncia sería presentada por otro dirigente de la entidad sindical.
Cabe señalar que además del procesamiento a Córdoba, Arana y Galli -procesados por defraudación a la administración pública; y de Escobar y Moscoso Panozo- estos dos por lavado de activos de origen ilícito- el juez De Gamas Soler les trabó embargo hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos a cada uno.
Ahora los procesados tendrán como vía recursiva, la posibilidad de presentar un recurso ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones con el propósito de revertir la decisión de primera instancia.