Me dirijo a la más alta autoridad provincial, para decirle que me siento doblemente defraudado, esto es, como ciudadano y como abogado, ante su silencio a los requerimientos de la empresa Transporte Roanmat SRL, para que fije su postura sobre el tema de las termas, por lo que, al no decir nada, como se dice vulgarmente: el que calla otorga. Esto implica que no solo está legitimando a sus antecesores en el cargo, sino también a los integrantes de su gobierno, que como el vicegobernador, el Fiscal de Estado y algunos legisladores propios y de otros partidos que la secundan, si se vienen manifestando y actuando en consecuencia, en contra de los legítimos derechos contractuales de la empresa.
Su silencio significa lisa y llanamente, que usted: 1) convalida la ilegítima desadjudicación que realizó Manfredotti en el 2001, cuando le inventó a la empresa incumplimientos al contrato que nunca existieron; 2 )que avala las dos leyes manifiestamente inconstitucionales, como lo son la N° 597 que prohíbe la concesión y explotación del recurso termal, a pesar de la existencia de un contrato que la otorga, y la que dispone ampliar el ejido urbano de Tolhuin, que invade las tierras mensuradas por la empresa concesionaria; 3) que avala el decreto N°1201/98 que permite el ingreso de camiones y maquinaria pesada por el camino de acceso a las termas, expresamente prohibido por el decreto N°319/88, porque no se lo construyó para el tránsito de camiones; 4) que está de acuerdo con la resolución de Catastro N°39/02 que elimina, arbitrariamente, la partida del impuesto inmobiliario rural de las termas, e impide a la empresa el pago del impuesto; 5) que comparte la resolución de Vialidad Provincial que transformó el camino de ingreso a la zona termal, en Ruta Provincial, a pesar de la prohibición del tránsito de vehículos de gran porte; 6) y que finalmente, está de acuerdo en que la mensura presentada en el 2007, no sea aprobada hasta hoy.
Todos estos actos administrativos absurdos e ilegales, también le pertenecen a su gobierno en virtud del principio de la continuidad jurídica del Estado, y por ende, es absolutamente responsable por comisión o por omisión, de lo que expresan estas normas pseudo jurídicas, que fueron hechas pura y exclusivamente, para quitarle a la empresa la concesión que por contrato posee.
Se agrava su posición desde el poder que detenta, puesto que le permite, al representante legal de la provincia, que les mienta a los jueces diciendo que la ley N°597 y los decretos y resoluciones citados supra son legítimos cuando, en cualquier otro lado, sería motivo no solo de castigo, sino de una sanción ejemplificadora.
Cuando al mismo tiempo se ejerce el poder, y se es un profesional del derecho, no se puede ni se debe, tomar decisiones que vayan en contra de la ley. Debe primar siempre el adagio proveniente del derecho romano que nos dice: “Dura Lex sed Lex”, es decir, la ley es dura pero es la ley, y hay que respetarla y cumplirla aunque no sea de nuestro agrado, y también hay que hacerlo cuando la ley vaya en contra de nuestra formación política, personal, profesional o religiosa, ya que vivimos en un estado de derecho y no en un régimen dictatorial o monárquico.
Existe una negativa sistemática a entender, aceptar y respetar, la existencia del contrato para la explotación del recurso, a cambio de las inversiones que se hicieron antes de la firma del instrumento en cuestión, y se vienen ejerciendo actos administrativos arbitrarios e inconstitucionales, que obligaron al inicio de un juicio de cumplimiento de contrato, para que sea el Poder Judicial quién obligue al Gobierno de la provincia a cumplir, y le ponga freno a los atropellos que se reiteran en el tiempo.
Usted tenía la oportunidad histórica de contribuir a terminar con este despojo inaudito, pero no lo hizo, actuando en contra de lo que la doctrina jurídica y la jurisprudencia establecen, esto es que, “Es un principio establecido en el procedimiento administrativo, que prima la verdad material sobre la verdad formal. Por lo tanto, la administración debe esclarecer las situaciones de hecho, aún mediante la actuación de oficio”. En consecuencia, debió actuar de oficio para anular todos los actos ilegales hechos por el estado, para perjudicar a la empresa, pero no fue así.
La provincia necesitaba y necesita cambios profundos, y fue por eso que muchos fueguinos creyeron al elegirla, que usted los encarnaba al margen de las banderías políticas de cada uno, lo que me hizo escribirle una carta antes de las elecciones a cada uno de los candidatos a gobernador que se postulaban, para conocer que pensaban respecto de las termas, en el caso de que resultaran electos. Usted fue la única que respondió y fue por eso que lo agradecí, en su momento, y me ilusioné, pero la verdad es que a la luz de los hechos, lamento profundamente tener que decirle que me siento totalmente decepcionado.
La empresa apostó al turismo, al futuro, porque el turismo que es una industria sin chimeneas, es lo que necesita Tierra del Fuego para crecer, desarrollarse y brindar trabajo genuino para siempre, explotando los inmensos recursos naturales que tenemos. Así lo entendieron los que firmaron con visión de futuro el contrato de concesión, hasta que en la década del 2000, llegó el peor de todos los gobiernos, y entre otros muchos desaguisados cometidos que no vale la pena recordar, intentó quedarse con la explotación del recurso termal inventando incumplimientos contractuales, para poder vendérselo a otros, tal como lo reconoce públicamente su propio Vicegobernador y, al que dicho sea de paso, jamás desmintió.
Esta empresa fue quién invirtió a su costo, puesto que el Estado provincial jamás invirtió una moneda, y es por esto se seguirán hasta sus últimas consecuencias, todas las acciones necesarias para impedir que se le conculquen sus legítimos derechos, tendiendo a lograr que un turismo ávido de estos emprendimientos destinados a explotar racionalmente lo que la naturaleza brinda, lo puedan disfrutar, ya que a nadie le importaban las termas hasta que la empresa las descubrió , invirtió y puso en marcha su explotación.
El Presidente de la Nación, que no es abogado, desde el sentido común manifestó hace un par de días “…que no puede ser que, mentirle a un juez, no tenga consecuencias”, y cualquier hijo de vecino coincidirá con esto, independientemente que esté de acuerdo o no con el Gobierno central, pero resulta que su propio Fiscal de Estado sí lo hace y no tiene consecuencias, ya que la Legislatura lo liberó del juicio político, y usted lo avala, cuando éste le dice a los jueces que la ley N°597 es válida, eficaz y plenamente aplicable a esta parte, cuando no es cierto, porque se sancionó después del inicio del juicio para recuperar las termas, luego de la ilegal desadjudicación.
Asimismo lo avala al Fiscal de Estado cuando éste plantea en sede judicial que es legítimo el decreto N° 1201/98, la resolución DC N° 39/02 y la resolución de Vialidad Provincial, siendo que son todos manifiestamente inconstitucionales, pues también fueron dictadas después de iniciadas las acciones judiciales por la concesionaria; pero y lo que es peor, el que representa en juicio a la provincia gobernada por usted, al responder la demanda expresa que el poder de la sentencia de los jueces, no podrá lograr la aprobación de la mensura presentada en el 2007, y aún sin aprobar.
Queda claro que para muchos, el sentido común no es el más común de los sentidos, razón por la cual surge de lo expuesto, que usted continúa por un camino equivocado, sea porque la asesoran mal o sea por su propia decisión. A pesar de todas las pruebas en contrario que he aportado a lo largo de los años para convencer de la ilegitimidad del accionar estatal, se sigue resistiendo a comprender que un contrato firmado por el propio Estado que hoy usted dirige, no puede ni debe ser violado por leyes ilegítimas ni por actos administrativos ilegales que son nulos de nulidad absoluta, que fueron inventados con el único fin de consagrar un colosal despojo.
Cada uno es responsable de sus actos y nos debemos hacer cargo de los aciertos y de los yerros, pero, en este caso emblemático de las termas, que va a mostrar un antes y un después en Tierra del Fuego, se prueba y lo he acreditado sobremanera, son todos yerros y, además, existe una intencionalidad gubernamental manifiesta, absolutamente perjudicial, ilegítima e inconstitucional, hacia quien defiende lo que por derecho corresponde, como lo es el contrato en vías de ejecución de concesión para la explotación del recurso termal.
Se debe respetar siempre a rajatabla, el sistema legal y la supremacía de la Constitución Nacional, y usted, y su gobierno, no lo están haciendo con Transporte Roanmat SRL, conforme surge de lo expresado y de las pruebas que así lo acreditan. Es más, su conducta con el tema de las termas, es absolutamente contradictoria e incoherente con lo que pregona, ya que por un lado defiende la ley con firmeza ante el ataque de lo que usted llama el centralismo porteño, por la llegada de los recursos financieros a la provincia pero, por otro lado, no defiende la ley, cuando esta ampara a la empresa, y no a los que quieren desconocer el contrato.
No solo no defiende la ley que es el contrato firmado por el Gobierno provincial, sino que permite que se la viole al igual que a la Constitución Nacional, habida cuenta consiente el ataque ilegal al instrumento contractual, e ignora el principio de la igualdad ante la ley del art.18 de la Carta Magna, lo que en concordancia con todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , establece la prohibición expresa de no cambiar, modificar o alterar, lo que las mismas partes están dirimiendo judicialmente, es decir que mientras tramita el juicio que busca que los jueces resuelvan el litigio, el Estado que es parte de ese juicio, modifica arbitrariamente el estatus jurídico de lo que se discute en ese juicio, dictando leyes, decretos y resoluciones contrarias a lo establecido en el contrato, procurando obtener una ventaja en desmedro y perjuicio de la otra parte.
La ley es dura pero es la ley, lo que significa que ante la existencia de un contrato, todos están obligados a respetarlo, incluso los que no están de acuerdo con ese contrato, caiga quien caiga en este largo camino de lucha emprendido para defender lo que por derecho y por derecha corresponde, y cueste lo que cueste.
LUIS DANIEL MERLO- ABOGADO- MAT. PCIAL. N° 17 S.T.J.
