Causa penal por tala de árboles

USHUAIA.- Por requerimiento del fiscal Fernando Ballester Bidau se instruye una causa penal por los presuntos delitos de “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”; a raíz de la tala de árboles en Río Encajonado en la que se imputa a la empresa Gancedo, encargada de realizar la obra ruta Corredor del Beagle.

Representantes de entidades ambientalistas al momento de formalizar la denuncia ante la Fiscalía.

El fiscal impulsa la causa a partir de la presentación que realizaron, el miércoles de la semana pasad, Stella Maris Domínguez, en representación de la “Asociación Bahía Encerrada (ABE)” y Nancy Edith Fernández, María Laura Borla y Abel Gerardo Sberna, en nombre de la “Asociación Manekenk”.
La causa se instruye en el Juzgado Penal número 2, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo y está caratulada como “Domínguez, Stella Maris y otros s/denuncia”, expediente número 32.996.
Del requerimiento fiscal de instrucción y según la denuncia de los ambientalistas: “operarios de la empresa Gancedo S.A. se encontraban en la zona conocida como Corredor Costero Canal Beagle, talando especies arbóreas del bosque nativo, ubicado en cercanías al Río Encajonado y dañando posibles restos arqueológicos que hubiera en el lugar”.
El accionar de parte de los trabajadores de la empresa se habría llevado a cabo en una propiedad privada, perteneciente a la familia Pastoriza, como dueña de la Estancia Túnel.
En consecuencia, uno de los representantes de la Asociación Manekenk, expuso en la denuncia que el pasado 20 de agosto, mientras caminaba desde el ingreso de la Estancia Túnel hacía el Río Encajonado, por el sendero, y aproximadamente a 1 kilómetro hacía el este del casco de la Estancia Túnel, “observó la presencia de dos operarios a los que les consultó sobre sus actividades, quienes le manifestaron que eran de la empresa Gancedo y que comenzarían a trabajar en ese mismo momento en la obra del Corredor”.
No obstante, al regresar a la zona, cerca de las 14:00, uno de los denunciantes advirtió que los trabajadores “habían talado gran cantidad de árboles, según estima entre 20 y 30 individuos, en alrededor de unos 300 metros de longitud sobre el sendero y unos 20 metros hacia el norte del sendero”.
Además, dio cuenta que algunos árboles tenían una cinta tipo peligro como señal para ser cortados, pero que el área que fue derribada incluía muchos más individuos, y que “no hubo ningún tipo de señalización sobre el trabajo a realizar de los operarios”, se detalla.
Según consta del escrito del fiscal, al denunciante “le costó mucho regresar por el sendero, por encontrarse obstruido, y sintiendo en riesgo su integridad física”, relató, y manifestó que “en ningún momento los trabajadores le informaron que obstruirían el sendero”.
En otro orden, los denunciantes detallaron que este tipo de trabajos estarían afectando la vida silvestre de las especies que viven en la zona, como el Pájaro Carpintero declarado patrimonio cultural y el Huillín, especie considerada vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Las imputaciones
Para el Fiscal, los hechos descriptos a primera vista configuran los delitos de daños agravados, daños a bienes rurales y yacimientos arqueológicos, por ocasionar daños en un camino o paseo público, destruir (talar) bosques nativos, deteriorar y remover yacimientos arqueológicos que pudieron haber ocasionado su pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado.
Por tal motivo, concretó la imputación contra los operarios de la empresa Gancedo S.A. que estuvieron trabajando el día 20 de agosto, cuya identidad se desconoce y contra los responsables de dicha sociedad.