Luego de varios días con medidas de fuerza y una audiencia infructuosa los trabajadores de la empresa DNZT en Ushuaia persisten con el reclamo. El secretario Gremial de CECU, Luis Salguero, conversó con diario El Sureño y describió la situación en que se encuentran los trabajadores de la empresa, que actualmente es prestataria del Estado provincial.
RIO GRANDE.- El jueves 20 de agosto la empresa DNZT y representantes del CECU fueron a una audiencia ante el Ministerio de Trabajo para abordar el conflicto entre ambos, que lleva más de un año. Aunque no hubo resolución, los trabajadores accedieron a levantar la medida de fuerza que venían realizando en los CAPS de la ciudad de Ushuaia. Esto sería en respuesta a un pedido del Gobernador de la provincia quien habría prometido interceder en el asunto.
Las denuncias de los trabajadores van desde la incorrecta liquidación de haberes pasando por la imposición de representación sindical, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, hasta aprietes y malos tratos. La empresa, que desde hace años presta servicios de maestranza en varias instituciones del Estado provincial, persiste en su postura. “Los trabajadores están en una situación desesperante”, expresó Luis Salguero, secretario Gremial del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia (CECU).
“En la audiencia no resolvimos nada. La empresa mantiene su postura de no reconocernos como representantes de los trabajadores. Así y todo nosotros presentamos en ese momento 16 fichas de afiliaciones. Al salir de ahí estábamos evaluando con qué medidas seguir, pero tuvimos el llamado del Gobernador pidiendo que levantemos la medida que él iba a interceder para formar una mesa de diálogo a fin de resolver el conflicto”, comentó Salguero.
Además, remarcó que, aunque la medida de retención de servicios fue más notoria en los Centros de Atención Primaria de la Salud, en realidad abarcó a varias otras instituciones provinciales como IPV, OSEF y la oficina de AREF. El reclamo habría comenzado hace más de un año con denuncias de irregularidades, hoy el conflicto afecta a más de 40 empleados los cuales desempeñan tareas en diferentes instituciones gubernamentales: “Arrancamos el conflicto con un grupo de 13 trabajadores. En ese momento lo que hicieron, igual que ahora, fue meter más gente a trabajar. Y esa gente que se metió a trabajar hace un año hoy está formando parte del reclamo”, precisó Salguero.
A las irregularidades denunciadas los trabajadores suman el hecho de que se trata de una empresa prestataria del Estado provincial por lo que entienden deberían realizarse controles permanentes. Sin embargo, pese a existir varias notas y denuncias, la empresa seguía ganando contratos: “Nosotros, en cada licitación dentro de Ushuaia, sea privada o estatal, presentamos una nota como CECU donde informamos que la empresa tiene que ser encuadrada en el convenio nuestro. Hablamos con el Gobierno anterior cada vez que hubo medidas y el 29 de enero presentamos una nota poniendo en conocimiento la situación de la empresa, a la que adjuntamos cerca de siete notas que ya habíamos presentado. Así y todo, a la empresa la seguían tomando. Y ellos seguían tomando gente”, dijo el sindicalista.
Y agregó: “Lo que queremos que quede claro es que esta empresa les está metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores, sacándoles un promedio de 32 mil pesos por mes a cada empleado. Y nos quedan nuestras dudas de que estén recibiendo del Estado otra cosa que no sea lo acordado por la escala de Comercio”.
Según relató Salguero, desde 2017 cuando la empresa comenzó a ser prestataria del Estado, el CECU se presentó para informarles que la actividad estaba representada sindicalmente por Comercio; en ese momento, de manera unilateral, la empresa habría encuadrado a los trabajadores en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERyH) y actualmente se habla de otra organización que tampoco tiene representantes en la provincia, que sería el SOM (Sindicato de Obreros de Maestranza): “Por más que nos presentamos en 2017 para informar que éramos la representación sindical, la empresa firmó la representación con un sindicato que no tiene representación en la provincia. La verdad que no sé por qué seguía ganando licitaciones, porque hay trece demandas por recibos salariales y tiene embargos preventivos de un promedio de dos millones de pesos. La ley dice que las empresas que tienen conflictos judiciales no pueden ser prestadoras del Estado. Actualmente, es requisito para entrar a trabajar en la empresa que firmes con un gremio que no tiene representación fuera de algunos lugares de Buenos Aires. Menos en la provincia de Tierra del Fuego”, denunció Salguero.
Situación desesperada
“Queremos pedir disculpas a la gente de Ushuaia porque nosotros cuando estuvimos con la medida por ahí se perjudica a las personas. Pero queremos decirles que la situación de la empresa ya no da para más, porque no estamos hablando sólo de reclamos salariales, las personas que trabajan en la empresa no tienen obra social, mirá que ironía, trabajando en un centro de salud. Se les descuenta 4 mil pesos mensuales a los empleados por no trabajar el sábado”, explicó el Secretario Gremial.
Además, comunicó que desde el ministerio de Trabajo se ha multado a la empresa, ya que no pueden tomar otras medidas: “Los dueños prefieren pagar las multas, porque para ellos sigue siendo negocio. Y es sólo por contar una parte, porque hay aprietes, amenazas; tenemos compañeras que son madres solteras que no tienen con quién dejar los hijos pequeños y en época de aislamiento han tenido que trabajar igual, si enferman tiene que ir a trabajar igual, porque te descuentan el día y presentismo. Hubo inclusive un despido en pandemia. Esto no es una pelea gremial, es un servicio esencial en un espacio estatal, el que se presta. Nosotros valoramos que la actual gestión se haya hecho eco de esta situación, que es desesperante. Son muchas las cosas que pasan. Se manejan con mucha impunidad”, concluyó.