El Gobierno defendió ayer en la Cámara de Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, en un plenario donde los diputados de Unión por la Patria (UxP) expresaron un fuerte rechazo a esa iniciativa. La reunión fue de carácter informativo.
BUENOS AIRES (NA).- La primera reunión para debatir esta controvertida propuesta evidenció que el Gobierno necesitará enhebrar acuerdos con los bloques dialoguistas y aceptar cambios para poder avanzar en esta ley, ya que el kirchnerismo y la izquierda rechazaron de plano la iniciativa.
En representación del Poder Ejecutivo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que “resulta indispensable” reformar la ley del Régimen Penal Juvenil, que fue sancionada en la dictadura militar en 1980, ya que la norma actual “permite que los delitos cometidos por menores de 16 años queden impunes”.
El funcionario expresó estos conceptos al exponer ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez, y Juventud, que abrió ayer el debate sobre el proyecto promovido por el Gobierno nacional para bajar la imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un nuevo mecanismo de resocialización de los jóvenes que hayan cometido un delito.
Al argumentar a favor del proyecto, Amerio señaló que “ésta es una demanda que tiene la sociedad y que nosotros debemos, como Ejecutivo, atenderla y aquí, entre las cuatro comisiones, trabajarla y buscar una reforma porque “La situación de los menores en conflicto con la ley penal y su abordaje necesita una solución integral”, dijo y destacó que en la actualidad la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que “los delitos de los menores de 16 años quedan impunes”.
Destacó que “los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición, lo que supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos”.
El proyecto del Gobierno instituye un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. Se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; estos topes se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.
Por su parte, el director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Soto, dijo que esta ley busca proteger “a la víctima y para proteger al adolescente que está en conflicto con la ley penal y que él mismo está expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por la circunstancia de verse inmerso en la conflictiva penal”.
En tanto, la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz le pidió a Bullrich que “no hable más de `delito de adulto, pena de adulto´, porque en la Argentina tiene rango constitucional la Convención del Derecho del Niño”.