Se concreta el primer encuentro de la mesa de diálogo convocada por el Gobierno provincial para lograr acuerdos sobre el cobro del impuesto Inmobiliario. En la reunión los Municipios solicitaron la derogación de la Ley 1075.
USHUAIA.- Los representantes del Municipio de Río Grande y de Ushuaia solicitaron al Gobierno la derogación de los artículos de la Ley 1075, que quita la potestad a las Municipalidades de seguir cobrando el impuesto Inmobiliario y se lo otorga a la Provincia.
El pedido fue formalizado en el primer encuentro convocado por el Gobierno para mantener diálogo con los Intendentes frente a la situación que se genera con la resolución judicial que confirmó la plena vigencia de los artículos de la Ley 1075 que faculta al Gobierno a cobrar el mencionado tributo.
En la reunión estuvieron presentes, por el Ejecutivo provincial: El ministro de Economía, Federico Zapata García y el director Ejecutivo de la AREF, Oscar Bahamonde.
Por el Municipio de Río Grande concurrió el secretario de Finanzas Públicas, Diego López; y por la Municipalidad de Ushuaia la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi; el subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro; la subsecretaria de Gestión Administrativa, Ana Laura Vera; la subdirectora de Rentas, Rosana Acosta y el director de Rentas, Héctor Szelada.
Por el Municipio de Tolhuin lo hicieron la secretaria de Economía, Luciana Rivero; la subsecretaria de Contaduría, Xoana Torres; el secretario de Legal y Técnica, Alexis Solís; la coordinadora de Asuntos Institucionales, Gimena Contreras; el director de Rentas, Bruno Maggiolo y la directora de la Unidad de Falta, Anazul Carol.
Esfuerzo de la política
Luego del encuentro Federico Zapata sostuvo que durante las conversaciones “se avanzó para cuantificar el recurso y la consecuencia que podría generar en las administraciones” la definición del máximo órgano judicial respecto del cobro de este impuesto.
Sostuvo que tal cual lo expresó el gobernador Gustavo Melella “el desafío es conseguir un acuerdo político que permita que ninguno pierda el recurso, tratando de buscar un beneficio conjunto sin perjuicio de las partes”.
Zapata García afirmó que “lo cierto es que la provincia no puede renunciar ni desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esto y defender los intereses de las arcas provinciales es una obligación que tenemos como funcionarios provinciales”.
El funcionario aseguró que “estamos en una instancia donde hay mucho que pensar, en forma articulada y coordinada y no hay ninguna determinación específica, más que lo que el fallo definió y que tiene que ver con a quién le corresponde”.
Para el titular de Economía “el esfuerzo y compromiso ahora es de la política, en pos de buscar que ninguno de los actores se vea perjudicado y se genere un beneficio para todos”.
Defensa de los recursos
El secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Diego López, reivindicó la postura del Municipio de Río Grande en defensa de los recursos de los riograndenses, a los fines de evitar el perjuicio que ocasionaría el traslado del impuesto Inmobiliario a la órbita provincial.
Durante la reunión se consensuó que los órganos perceptores del impuesto Inmobiliario sigan siendo los Municipios, dada la importancia que tienen estos fondos en el día a día de las finanzas municipales.
Las autoridades presentes acordaron la viabilidad de avanzar en dos líneas. En primer lugar sobre la posibilidad de derogar los artículos de la Ley 1075 correspondientes al impuesto Inmobiliario. En segunda instancia sobre las garantías de mantener el nivel de recaudación en función de las alícuotas en términos porcentuales, a partir del diferencial que surja de las nuevas alícuotas por la Ley 1045.
Por último, en la reunión se estableció que no habrá avances a futuro sobre el impuesto Automotor.
Continuar el diálogo
La viceintendenta electa de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, dijo que «realizamos el pedido de derogación de la Ley 1075 y planteamos la necesidad de que el Inmobiliario continúe siendo recaudado por los municipios», ya que «consideramos que este impuesto es fundamental para el día a día de cada ciudad».
Además, dijo que «hay un compromiso de continuar dialogando» porque «hay muchos problemas desde lo técnico en caso de que no se logre la derogación. Cada Municipio planteó los inconvenientes que le acarrea la resolución judicial y por qué consideramos en conjunto que el cobro debe continuar en cabeza de las ciudades”.
Finalmente, Muñiz Siccardi manifestó que el Gobierno provincial «va a analizar todos los planteos y consultas que realizamos los municipios para dar una respuesta en la próxima reunión».