Afirman que la actualización del ordenamiento territorial de bosques que se encuentra en la Legislatura para su aprobación no tiene validez sin su consentimiento porque incumple la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, impuesta expresamente en la Ley de Bosques.
TOLHUIN.- La Comunidad Indígena Rafaela Ishton del pueblo selk´nam emitió un comunicado este fin de semana en el que expresó su malestar por no haber sido convocada a participar de la última reunión del Consejo Consultivo de Bosques Nativos (CCBN), que nuclea a distintas instituciones privadas y del Estado vinculadas a la actividad forestal en la cual se ratificó el actual ordenamiento territorial de bosques nativos enviado a la Legislatura para su aprobación.
El CCBN participa activamente en la ejecución de los fondos provenientes de la ley de bosques que envía Nación, revisando y aprobando los planes de manejo y conservación que se presentan para gestionar recursos a través de la Ley 26.331. La reunión fue realizada la semana pasada con la participación de madereros, la Asociación Rural, organizaciones de la sociedad civil (ONG) y comunidad científica, obviamente, sin la presencia de la comunidad indígena selk´nam.
La respuesta no se hizo esperar y bajo el título “Manekenk no nos representa: exigimos participación en el Consejo Consultivo de Bosques Nativos”, la comunidad indígena denunció que “otra vez los legisladores y el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia volvieron a omitir nuestro derecho a participar del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), a ser escuchados y decidir el uso que se dará a los bosques que se encuentran dentro de nuestro territorio comunitario”.
En ese sentido, explicaron que “cuando nos enteramos que el proyecto de OTBN para los próximos años entró a la Legislatura sin que jamás nos hayan convocado para diseñarlo, les exigimos que nos escuchen, que nos convoquen, que atiendan nuestras demandas y preocupaciones y que no nos discriminen, dándonos la oportunidad de defender nuestros derechos en la mesa donde se discuten estos temas”.
“Pero ellos sostienen que somos “ignorantes”, que “no sabemos administrar nuestros recursos” y “que no estamos organizados”. Dicen que estamos representados por una ONG, a quienes nosotros ni conocemos y que tampoco nos ha convocado nunca para explicarnos por qué toma decisiones por nosotros”, reprocharon.
Y agregaron: “Entendemos que todos los que participan del Consejo Consultivo de Bosques son cómplices de la ministra Castiglione y de la secretaria de Ambiente Eugenia Álvarez, que adrede, quieren mantenernos lejos de las decisiones para quedarse con nuestros recursos”.
“Reiteramos: la Comunidad Indígena Rafaela Ishton del pueblo selk’nam no es una Organización No Gubernamental. Somos una comunidad indígena y como tal, tenemos un ordenamiento jurídico propio. Tenemos personería jurídica y somos propietarios registrales (con escrituras públicas) de un territorio comunitario de 36 mil hectáreas, que no son tierras fiscales ni tierras privadas. Es territorio comunitario indígena”, señalaron.
Además, ratificaron que “tenemos el mismo derecho que los estancieros a participar del Consejo Consultivo de Bosques, creado por Ley Provincial 869, cuya letra pedimos a los legisladores modificar urgentemente para que se nos incluya”.
“Mientras esto no suceda, de todas maneras, la Constitución Nacional y el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT obligan al Estado a consultar a las comunidades indígenas antes de formular o aplicar un programa o proyecto de desarrollo, de autorizar la explotación de recursos naturales en sus territorios, o de implementar una política pública susceptible de afectarles directamente. Y eso en Tierra del Fuego, no se respeta”, denunciaron.
Asimismo, informaron que “la consulta previa a los pueblos indígenas es tan importante, que la Ley de Bosques 26.331, que obliga a las provincias a presentar su Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, establece claramente que “en el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la Ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
“Para que no queden dudas de cómo se debe realizar la consulta, en 2021 el Estado nacional creó un manual para la aplicación de este derecho en todo el ámbito nacional. Dicho manual indica que, para que el proceso de consulta previa, libre e informada sea válido, debe cumplir con una serie de principios. Debe ser: – previa – libre – informada – de buena fe – adecuada culturalmente y – realizada a través de sus instituciones representativas”, remarcaron.
Y cierra el comunicado: “Repetimos: para que sea válido, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que se pretende aprobar en la Legislatura, tiene que contar con nuestro conocimiento y aprobación y para eso se nos debe convocar como lo indica el manual: a través de nuestros representantes, mediante un proceso participativo que nos incluya a todos y en el cual se tome en cuenta nuestro derecho a decidir sobre los bosques que se encuentran dentro de nuestro territorio comunitario”.