BUENOS AIRES (NA).- El Congreso se encamina a un fin de año minado por discusiones de proyectos trascendentes como el Presupuesto 2017, los cambios a la Ley del Ministerio Público Fiscal y la reforma electoral, entre otros, y los legisladores esperan que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias.
El cronograma de trabajo que manejan el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, prevé que esa batería de proyectos impulsados por el Gobierno se traten en ambas cámaras de aquí al 30 de noviembre, fecha en la que termina el período de sesiones ordinarias.
Lo que ocurre es que entre esos proyectos hay algunos, como el que modifica las escalas del Impuesto a las Ganancias, que serían votados por la Cámara de Diputados el mismo 30 de noviembre, lo que obligaría al Gobierno a extender las sesiones del Congreso para que el Senado pueda tratarlo.
Frente a esa eventualidad, el Poder Ejecutivo tiene la opción de prorrogar el período de sesiones ordinarias o convocar a sesiones extraordinarias y la diferencia entre ambas no es menor, dado que en el primer caso se pueden tratar todo tipo de proyectos mientras que en el segundo, se pautan de antemano.
Por esa razón, allegados a las máximas autoridades del oficialismo en el Congreso indicaron a NA que prefieren que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias, para poder tener el control de la agenda y evitar que la oposición introduzca proyectos sin la anuencia de Cambiemos.
En la Cámara de Diputados, el cronograma del oficialismo prevé una sesión para el 26 de octubre con el fin de aprobar la reforma del Ministerio Público Fiscal, uno de los temas que más interesan al Gobierno en su afán por remover a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
En esa misma sesión se votaría el Régimen de Contratación Público Privada, que ya cuenta con la aprobación del Senado y que establece una nueva normativa para la asociación del Estado y los privados en la realización de grandes obras de infraestructura, y un proyecto para reforma la Ley de Subrogancias.
Al día siguiente, según el plan de Cambiemos, se firmaría el dictamen del proyecto de ley de Presupuesto para 2017, con el fin de que se apruebe en el recinto el 2 de noviembre, junto con la iniciativa para limitar los llamados “superpoderes”, enviada esta semana por el Ejecutivo.
En ese esquema, la Cámara baja tendría otra sesión el 16 de noviembre para tratar un proyecto que apunta al mercado de capitales, otro que propone estímulos para emprendedores y un último que prevé transformar planes sociales (como el Plan Argentina Trabaja) en empleo registrado, aunque ninguno tiene todavía dictamen.
El cronograma que por estas horas maneja Monzó prevé que el proyecto que modifica las escalas del Impuesto a las Ganancias se trate en la última sesión del año, el 30 de noviembre, y sea girado a la Cámara alta.
Más dudas que certezas
La agenda de trabajo del oficialismo en el Senado es más tentativa que la de Diputados porque hay fechas que no coinciden con lo que pretende el PJ-FPV, que además de ser el bloque mayoritario tiene el control de todas las comisiones por donde deben pasar los proyectos enviados por el Gobierno.
Por ejemplo, el oficialismo espera que la reforma electoral aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados obtenga dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales el 26 de octubre para poder votarla en el recinto el 2 de noviembre.
Sin embargo, la intención del PJ-FPV es que el 2 de noviembre empiece el debate en la comisión, que además tiene como presidente al neuquino Marcelo Fuentes, quien ya ha demostrado que puede manejar sus propios tiempos y que escapa al control del presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto.
Solamente eso hace que, hasta el momento, el futuro de la reforma electoral en el Senado esté abierto, con un agregado: el PJ-FPV no descarta hacerle cambios, lo que obligaría a devolverla a la Cámara de Diputados.
De acuerdo al cronograma que maneja Pinedo, el 2 de noviembre, antes de la sesión, debería firmarse el dictamen de la Comisión de Justicia para el proyecto de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal, para votarla el 9 de noviembre.
En esa misma fecha el oficilaismo quiere dar inicio al análisis del Presupuesto 2017 y a la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual ni siquiera fue enviada aún al Congreso, y confía en poder firmar el dictamen el 16 de noviembre, para llevarlo al recinto el 23 del mismo mes.
Cambiemos entiende que están dadas las condiciones para darle ese trámite exprés al Presupuesto en el Senado porque Pichetto y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, siguen de cerca el debate de Diputados y trasladan las sugerencias de gobernadores e intendentes con el fin de que no sufra modificaciones en la Cámara alta.
El 30 de noviembre el Senado tendría una nueva sesión para tratar los proyectos sobre emprendedores y empleo registrado que envía la Cámara de Diputados, mientras que la reforma del Impuesto a las Ganancias quedaría para la extensión del año parlamentario que defina el Ejecutivo.
