Los proyectos de tarjetas de crédito, de paridad de género y de extinción de dominio, generó un “conflicto de poderes”.
BUENOS AIRES (NA).- El Congreso se ve afectado nuevamente por una pelea entre el Senado y la Cámara de Diputados que explotó con el estancamiento de la reforma de la ley de tarjetas de crédito, pero que también mantiene trabados los proyectos de ley de paridad de género y extinción de dominio.
Los conflictos entre las dos Cámaras del Congreso no son algo nuevo y suelen darse por diferencias en torno a la sanción de algunas leyes, pero pocas veces se manifiestan públicamente como lo hizo el Senado el último miércoles, cuando advirtió que podría existir un «conflicto de poderes».
Fue mediante una nota firmada por todos los jefes de bloque del Senado, en la que cuestionaron la legalidad de la decisión adoptada por sus colegas de Diputados de no tratar el proyecto que reducía las comisiones que pagan los comercios por las compras con tarjeta, para votar un proyecto propio, con reducciones menores.
Más allá de las diferencias entre ambas iniciativas, el resultado fue que los senadores se negaron a tratar el proyecto enviado por Diputados tras cuestionar «la pretendida intención de aparecer como Cámara iniciadora de un proyecto en el que era Cámara revisora».
Así, el tema sobre las comisiones que los bancos cobran a los comercios por los consumos con tarjetas de crédito y débito quedó trabado, porque ninguna de las dos Cámara quiere tratar lo que aprobó la otra.
Detrás de ese conflicto hay otro que involucra a la paridad de género y a la reforma electoral que impulsó el Gobierno y los senadores lo enterraron a pedido de los gobernadores peronistas.
Según supo NA, los diputados nacionales del oficialismo, con apoyo del massismo, se niegan a tratar el proyecto enviado por el Senado que establece la paridad de género en la integración de las listas electorales y de los partidos políticos.
Otra pelea entre ambas Cámaras se está dando por el proyecto de ley de extinción de dominio, que autoriza al Estado a decomisar los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
La trabazón de ese proyecto en el Senado suele ser atribuida equivocadamente a un supuesto interés del PJ-FPV de no aprobar una medida que podría utilizarse en causas por corrupción, cuando en realidad las razones se deben a diferencias jurídicas entre las dos Cámaras.
