Los representantes municipales ratificaron el reclamo de deuda por coparticipación y el atraso constante en la remisión de los fondos. Pidieron que se cumpla una manda judicial que surgió del mismo Superior Tribunal. Desde el Gobierno rechazaron que exista deuda exigible y negaron que se haya puesto en riesgo la autonomía de las Municipalidades.
USHUAIA.- Ayer al mediodía se cumplió con la audiencia pública que fue convocada por el Superior Tribunal de Justicia en el marco de la demanda por deuda de coparticipación, en la que escuchó alegatos del Gobierno y de las Municipalidades de Ushuaia y Río Grande, cada una defendiendo íntegramente su posición: El primero negando la existencia de deuda exigible y los segundos ratificando atrasos en la remisión de fondos, de entre 30 y 45 días.
La audiencia fue presidida por el juez Javier Muchnik y contó con la presencia de los vocales María del Carmen Battaini y Ernesto Löffler. En tanto que el juez Carlos Gonzalo Sagastume la siguió por vía remota.
Los primeros en exponer fueron las partes demandantes, por el Municipio de Río Grande lo hizo el secretario de Gobierno, Gastón Díaz y por la Municipalidad de Ushuaia la secretaria de Finanzas, Brenda Tomasevich y el secretario de Legal y Técnica, César Molina. Para concluir la audiencia expuso el Gobierno y el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.
En su alegato, el ministro de Finanzas, Guillermo González, dijo que “las sumas pretendidas por los Municipios no constituyen deuda. Negamos que la normativa vigente obligue a la Tesorería General de la Provincia a transferir los recursos coparticipables, de origen nacional, el mismo día que efectivamente ingresen los fondos a las arcas provinciales, como pretenden los Municipios”.
Fernández dijo que la gestión actual de gobierno ha brindado previsibilidad financiera a los Municipios desde el primer día de asunción y que esa decisión política se ve reflejada “al haberse comprometido, previo a que estalle la pandemia por Covid-19 en el año 2020, a establecer un piso de $300 millones por mes a los Municipios, y dando certeza a los mismos de transferir regularmente según los plazos establecidos por la normativa vigente. Actualmente dicho piso no existe dado que se ha mejorado el perfil de cumplimiento y se transfiriere según la evolución de la recaudación tributaria”.
Goteo diario
Fernández aclaró que “siempre que se habló de demora o atraso ha sido con un sentido de responsabilidad y buena fe, con el fin de no dejar que confundan a la comunidad ni continúen alterando el orden social con declaraciones irresponsables”.
Fernández puntualizó que “el Gobierno ha hecho esfuerzos denodados para mejorar después de muchos años el perfil de transferencias a los Municipios, por ello agradecemos al máximo Tribunal que se nos permita exponer de forma oral la posición que sostenemos en orden a este diferendo, antes que el traslado permanente del tema a las plataformas de los medios de comunicación que los Municipios han venido haciendo con el único objetivo de socavar la confianza pública en nuestra gestión”.
Fernández dijo que el diálogo con los representantes municipales no ha faltado, lo que no se logró es “ponernos de acuerdo” y señaló que el reclamo de los Intendentes “esconde el poder lograr una ley a su favor de distribución y transferencia automática y diaria de recursos nacionales, provinciales y regalías. Entendemos que ese es el objetivo y es eminentemente político, lo que no debería ser judiciable”.
Papel de la Legislatura
En la audiencia también expuso el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, para defender al Gobierno provincial, quien indicó que históricamente ese organismo de control ha sostenido que en Tierra del Fuego existe una distribución inequitativa de los recursos que beneficia a las Municipalidades en detrimento del Gobierno provincial, subrayando que se debe discutir un nuevo mecanismo, puntualizando que ello es exclusiva responsabilidad de la Legislatura.
CUESTION DE CIFRAS
Durante la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia se expusieron algunas cifras sobre lo que defiende el Gobierno y lo que reclaman las Municipalidades.
El ministro Guillermo Fernández, expuso:
-“En el primer mes de gestión se transfirieron más de $764 millones a los Municipios de Río Grande y Ushuaia, mitad a cada uno. Siendo $98,9 millones, correspondientes a recursos del mes de noviembre que no se habían transferido al momento de nosotros iniciar la gestión de Gobierno”.
-“Al finalizar el año 2020 la Provincia transfirió a los Municipios $8.526 millones, siendo $8.216 millones correspondiente a recursos coparticipables, y $310 millones por ATN y cancelación de convenios por tributos, asegurando la autonomía municipal y sin poner en riesgo en forma alguna el pago de los salarios municipales ni la prestación de servicios básicos”.
-En este 2021 “la Provincia ha transferido $5.192,9 millones a los Municipios por conceptos coparticipables. $2.496,6 millones a Río Grande, $2.282,8 millones a Ushuaia y $413 millones a Tolhuin. Eso implicó, por ejemplo, más del 50% de lo que Río Grande estimó para este año, cuando recién transcurrieron cinco meses y pocos días más”.
En tanto, desde el Municipio de Ushuaia, se expuso el siguiente reclamo:
Deuda de coparticipación de $454.161.929,26, que se suma en concepto de impuestos y tasas otros $204.776.099,50, totalizando una deuda de $658.938.028,76. Aseguraron que desde que comenzó esta gestión, la deuda con Ushuaia creció en un 90%.
Por su parte, el Municipio de Río Grande expuso que la deuda reclamada suma un total de 680 millones de pesos. $500 millones corresponden a la de deuda de coparticipación, $120 millones de deuda tributaria, sumado a los $60 millones que días atrás la Ministra de Obras Publicas reconoció por la planta potabilizadora.