El secretario General de ATE Tierra de Fuego se negó a declarar ante la citación del Juzgado Federal de Ushuaia. “No es que no lo piense hacer, pero necesito más tiempo para contestar -dijo y aseguró que- no podemos negar algo que hicimos y hay videos”.
RIO GRANDE.- La semana pasada el Fiscal Federal de Ushuaia, Juan Soria, confirmó que está en curso una investigación de la Justicia para determinar quiénes fueron los responsables del corte de la Ruta Nacional 3, que mantuvo incomunicada a la capital provincial por varios días en el mes de febrero.
Soria señaló que la investigación busca determinar “quiénes fueron los autores y los cómplices de estos actos delictivos” que el Código Penal sanciona con penas de prisión que van de los 3 meses a los 2 años de prisión, y que a la hora de dictarse la condena se tienen en cuenta los antecedentes de los imputados.
Uno de los citados fue el secretario General de ATE, Carlos Córdoba, quien en Fm Aire Libre confirmó que “el jueves pasamos recibimos el llamado que hace la justicia a indagatoria, donde nos negamos a declarar, no por no querer declarar sino porque son cinco fojas muy grandes, con denuncias que hacen particulares y hay que tener el tiempo suficiente para poder contestar”.
“Estamos esperando que los abogados puedan leer todo el expediente para ver si podemos ir a comunicar al juez la necesidad de declarar”, indicó.
Córdoba admitió que “una de las cuestiones tiene que ver con el corte de ruta que hicimos, por no dejar pasar los camiones de combustible, gas y oxígeno; a los cuales nosotros siempre dejamos pasar. Además del tema de 24 horas de encierro de la gente, son cosas que lleva un tiempo declarar”.
Asimismo aseguró que “uno no se niega a contestar porque no podemos negar cosas que hicimos porque hay fotos y filmaciones, pero no lo hicimos con intención de causar daño a la sociedad, lo hicimos porque queríamos tener la posibilidad de discutir con el gobierno provincial”.
La investigación
Las actuaciones judiciales se iniciaron por infringir al artículo 194 del Código Penal, que sanciona a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas…”.
“Estamos ante una forma de manifestarse de algunas personas que se canaliza a través de un corte de ruta. Ese derecho que tienen esas personas a manifestarse, entra en pugna con el derecho a la libre circulación, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional” explicó el Fiscal a FM La Isla.
Para Soria, “no se trata de una protesta común y esto seguramente será evaluado”, ya que la ruta nacional 3 es la única vía de comunicación terrestre que tiene Ushuaia con el resto del país “y se vieron afectados el transporte de personas, la provisión de gas de los barrios, de mercaderías o de medicamentos”.
