Tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal 2, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió un mensaje confirmando que no será candidata a nada en el 2023, para no tener fueros.
BUENOS AIRES (Télam).- La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que fue condenada por un «Estado paralelo, una mafia judicial» en la causa por la obra pública en Santa Cruz y anunció no será candidata a ningún cargo electivo en 2023, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo «maltraten» en período electoral a raíz de esta sentencia.
«Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015; no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una ‘candidata condenada, con inhabilitación perpetua'», aseguró Fernández de Kirchner en un mensaje emitido inmediatamente después de conocida la sentencia.
El mensaje siguió a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2, que la declaró culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
«¿A mí administración fraudulenta del Estado y a éstos, los amarillos, que les dejaron 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pasean orondos en los aviones de Clarín… No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa; sí, pero mascota de usted, nunca, jamás», afirmó Fernández de Kirchner.
«No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa», enfatizó.
En un extenso discurso, la exjefa de Estado dio detalles de un entramado de acuerdos -plasmado en una conversación que se hizo pública días atrás- entre jueces, funcionarios macristas y empresarios para invisibilizar un viaje a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido: «Si uno mira está todo el fuero federal: el penal, penal económico y el contencioso administrativo», dijo Cristina.
Dio detalles de los lazos familiares y vinculares entre los pasajeros, que se trasladaron a ese lugar patagónico en un avión del Grupo Clarín: Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto).
La Vicepresidenta agregó: «Eso sí, a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta», apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1º de septiembre en las inmediaciones de su casa.
«Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota», advirtió y agregó: «Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita», señaló al citar una frase de una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Cristina, además, remarcó que «la condena real» que recibió fue la «inhabilitación a ejercer cargos públicos electivos» y evaluó que, justamente, lo que le «están cobrando» y, por eso, la inhabilitan es haber logrado llevar al Gobierno al peronismo en cuatro oportunidades.
“Todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular: cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner, en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo; eso es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan. Que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos», declaró.
Insistió con que existe en la Argentina «un Estado paralelo y una mafia judicial», algo que -a su entender- ya excedió los términos de «lawfare» o «partido judicial».
Para Cristina, eso quedó confirmado con la filtración del viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, por lo cual el lunes el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó el inicio de una causa penal y un expediente en el Consejo de la Magistratura.
«Estos jueces tienen que ver con el sistema que domina la Argentina», denunció la Vicepresidenta, y relató una serie de vinculaciones entre los pasajeros del avión a Lago Escondido y las causas abiertas en su contra, además de las publicaciones en lo que llamó un «periodismo unificado».
Además, detalló otros elementos que encuadró en los siguientes subtítulos: «Encubriendo la dádiva; El Consejo (por el Consejo de la Magistratura); La fiscal de Bariloche (al aludir a cierta complicidad entre magistrados) y la Instigación al falso testimonio».
Sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública «estaba escrita» y planteó: «No es que fuéramos clarividentes, ni adivinos», pero «si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme».
«El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos», planteó.
En otro tramo, dijo que el Grupo Clarín «nunca pudo sacarle» a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que «al que pudieron sacarle» esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri «ni bien asumió».
«El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen», completó la exmandataria.
La condena
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».
Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces expresidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y anticipó que en 2023 no será candidata a ningún cargo electivo, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo.
«Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre», afirmó la Vicepresidenta en la exposición que hizo a través de YouTube, en la que aseguró que la verdadera condena es el intento de proscribirla e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.
Los fundamentos del veredicto emitido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.
El TOF 2 absolvió además por mayoría a la expresidenta y al resto de los acusados en relación al delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola: el voto en disidencia en relación a ese punto fue del juez Basso.
El tribunal también condenó al empresario Lázaro Báez a seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti también los sentenció a seis años de cárcel como coautores del delito, a la vez que dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) Héctor Garro.
En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de funcionario público.
Entre los condenados también estuvieron Juan Carlos Villafañe, exjefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP, 5 años de prisión), Raúl Pavesi (también ex AGVP, 4 años y medio) y José Raúl de Santibañez, del mismo organismo (4 años). A Raúl Daruich, responsable del Distrito 23 «Santa Cruz» de la DNV, la impusieron 3 años y medio de cárcel.