El abogado que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que ya “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa. Podrían hacer una denuncia por “negligencia y encubrimiento agravado”.
BUENOS AIRES (Télam).- El abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que ya “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio y, aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado”.
En diálogo con Télam, Dalbón explicó los pasos que seguirá: “La querella ya está lista para la firma de la vicepresidenta, que se hará el día lunes”, contó.
“Una vez que firme me trasladaré a Tribunales de Comodoro Py para interponerla y pedir hablar con la jueza y el fiscal para que me brinden explicación de la negligencia y o lo que consideren que haya sucedido en la relación a la pérdida de datos del celular del imputado”, continuó.
Se refirió así a la causa que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, y a la nota -publicada en Página 12- que sostiene que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido por el atentado contra la vicepresidenta, por lo que la información de su teléfono corre riesgo de perderse.
“En caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante como es el celular de un imputado que intentó matar a la vicepresidenta, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado”, apuntó Dalbón, quien aclaró que en su opinión se trataría de “negligencia y encubrimiento agravado”.
“Es increíble que cuando Cristina (Kirchner) es víctima los jueces no hagan nada, como lo hizo el juez Manuel de Campos en la causa de amenazas de muerte, o que se equivoquen y se pierdan datos tan importantes como el que surgen del teléfono de un asesino en esta causa. En este caso las pruebas desaparecen y en otros casos las pruebas no existen”, agregó el letrado.
Dalbón recordó, en este sentido, las amenazas de muerte que había sufrido Cristina durante una protesta realizada frente al Instituto Patria y también las pegatinas en diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires aparecidas en abril último, con carteles con la cara de la vicepresidenta y las frases “Asesina”, “Culpable de 35.000 muertes” y “Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”, además de un código QR que lleva a una página que dice “Pronto todos sabrán lo que hiciste”.
En esta línea, en diálogo con esta agencia, el letrado consideró “de suma importancia” que la exmandataria se presente como querellante en la investigación contra Sabag Montiel porque, dijo, “de esa manera puede tener acceso a la causa, sugerir prueba, solicitar nuevas detenciones, ofrecer peritos de parte y estar a las resultas del proceso con posibilidad de apelar resoluciones que le causen gravamen”.
El letrado fue consultado en este punto por un amigo del atacante que había sostenido en una entrevista televisiva que Sabag Montiel “lamentablemente no ensayó antes” de perpetrar su intento de magnicidio.
“La idea es que lo vamos a denunciar y pedir explicaciones de sus dichos”, confirmó Dalbón.
Se refirió así el supuesto amigo del imputado que, una nota con la señal de TV Telefe, dijo: “Yo creo que su intención original era matarla, pero lamentablemente no ensayó antes”.
“Por ahí significaría menos impuestos, no sé. Igual, menos mal que no le tiró porque la convertían en mártir y zafaba de todas las causas”, agregó el hombre, que se presentó como el exmejor amigo de Sabag Montiel, en una entrevista donde brindó características puntuales sobre el agresor.
El celular del detenido fue bloqueado y con riesgo de perderse
El teléfono celular que portaba Fernando André Sabag Montiel, el agresor detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un reseteo en los momentos en los que la Justicia intentaba extraer información, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse, confirmaron a Télam fuentes judiciales.
Por ese evento técnico hay versiones encontradas entre el juzgado y las fuerzas de seguridad que participaron de los peritajes, según pudo constatar esta agencia tras consultar con tres fuentes vinculadas al análisis del equipo del agresor.
Para explicar ese hecho declararon este domingo a la mañana técnicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a los que les apareció la leyenda que daba cuenta de un posible formateo del teléfono; también están convocados los policías federales que habían manipulado antes el teléfono.
El bloqueo/reseteo fue detectado cuando el teléfono llegó a manos de la PSA el viernes por la noche, en el marco de la causa por el atentado sufrido por la Vicepresidenta el jueves último.
Esa fuerza de seguridad recibió el dispositivo de manos de la custodia personal de la jueza María Eugenia Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto sin planilla de cadena de custodia y tildado en la pantalla de inicio, según declaró el inspector Kaplan, uno de los testigos de la PSA que fueron convocados a dar testimonio.
Durante la declaración testimonial, Kaplan afirmó también al relevar la forma en la que se recibió el teléfono se firmó un acta y se sacaron fotos del sobre en el que había llegado, a la vez que se contactó a personal del juzgado para advertir la novedad; ante lo cual desde la justicia se ordenó continuar con lo ordenado.
Ante las consultas de los investigadores, el testigo refirió también que la pantalla con error de inicio puede deberse a la manipulación del teléfono de forma manual o con equipos tecnológicos y que, menos probable, es que hubiera sufrido un borrado remoto.
La PSA recibió el celular en su sede de Ezeiza durante la noche del viernes, horas después de que el aparato hubiera sido manipulado por técnicos de la Policía Federal (PFA), que fue la primera fuerza en intentar extraer información en presencia de secretarios del juzgado, la fiscalía y la defensa oficial, según aseguraron desde el juzgado.
El teléfono viajó desde los tribunales federales de Comodoro Py hasta la sede de la PSA en el auto de la custodia personal de la magistrada, en el mismo sobre que en el que había llegado horas antes al juzgado y que ya había sido formalmente abierto.
Durante una parte del trayecto que une el barrio de Retiro con la localidad de Ezeiza también viajó en el auto un secretario del juzgado que se bajó en el camino.
A pesar del inconveniente, desde el juzgado aseguran contar con toda la prueba documental que da cuenta de la cadena de custodia del dispositivo electrónico; algo que otras fuentes del caso ponen en duda.
A esta hora se desconoce el alcance del evento, por lo que no pudieron determinar aún si se podrá recuperar la información.
El teléfono había sido secuestrado cuando detuvieron a Sabag Montiel en la noche del jueves, tras el ataque a Fernández de Kirchner cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta: el agresor lo llevaba en el bolsillo de su campera.
El equipo estaba apagado y sin batería, indicaron fuentes judiciales que explicaron que ahí mismo fue colocado en un sobre cerrado y lo trasladaron al juzgado por orden de la magistrada.
Se encendió supuestamente cuando lo conectaron para intentar la primera extracción y, de inmediato, según fuentes de la Justicia, fue colocado en modo avión para que nadie pudiera tener acceso remoto.
En el juzgado mismo comenzaron los intentos de extracción con personal técnico de PFA convocado para la ocasión y la utilización de un sistema denominado UFED, siempre en presencia de personal judicial.
Los dos técnicos de PFA que manipularon el teléfono fueron dando cuenta de las maniobras al secretario del juzgado Federico Clerc.
Cuando asumieron que los intentos fracasaron, elaboraron un informe para dejar registro de lo realizado y la condición en la que el teléfono quedó bajo custodia del juzgado en un sobre abierto y en la caja fuerte, señalaron fuentes judiciales.
Horas después, en la noche del viernes, el juzgado recibió la noticia de que la PSA contaba con un sistema más actualizado que podía intentar extraer la información (UFED Premium) y hacia allí se llevó el aparato en un auto de custodia.
Desde el juzgado afirmaron que el teléfono fue trasladado encendido y en modo avión, pero el dato de que estuviera en “modo avión” no fue confirmado por la PSA, dado que allí había llegado tildado.
En las oficinas de la PSA intentaron nuevamente la extracción de la información y allí surgió la leyenda que daba cuenta de que el mismo había sufrido un “reseteado de fábrica”, según reveló el periodista de Página/12 Raúl Kollmann, por lo que no fue posible realizar la operación.
A partir de esos sucesos se convocó primero a dos integrantes de PSA para que informen el evento de modo técnico, lo que ocurrió en la mañana de ayer y luego también a los técnicos de la PFA.
Aún no hay claridad en el juzgado sobre lo que pudo haber pasado: las opciones son que alguien lo hubiera alterado de forma remota (lo que desmentiría que el teléfono permaneció siempre en modo avión) o que se hubiera bloqueado por los intentos de extraer información sin tener el código de desbloqueo.
El código de de desbloqueo del teléfono había sido solicitado al imputado en el acto de la declaración indagatoria, pero se negó a aportarlo.
El juzgado, por estas horas, evalúa solicitar a Estados Unidos colaboración tecnológica para avanzar con el peritaje del celular.
Hay información del teléfono a la que el juzgado ya accedió: se trata de aquella almacenada en la tarjeta SIM y en la tarjeta de memoria.