En el corazón de los argentinos las Islas Malvinas están fuertemente ligadas al respeto por los caídos en combate, a los excombatientes y al ideario de patria. Aún sin tener demasiado conocimiento de por qué fueron arrebatadas por Gran Bretaña ni cuánto territorio abarca lo usurpado, tenemos la certeza de que las Malvinas son parte de la Provincia Grande de Tierra del Fuego y argentinas.
Sin embargo, los gobiernos nacionales que se sucedieron desde que finalizó la guerra hasta hoy fueron variando las políticas bilaterales con el Reino Unido por Malvinas, muchas veces echando por tierra las medidas impuestas por los gobiernos anteriores; sembrando desconfianza en la población, en los kelpers y sobre todo en los excombatientes, que son quienes mantienen viva la causa Malvinas cada día del año y ante cualquier circunstancia.
Un claro ejemplo de estas variaciones impuestas desde la cancillería argentina fue el pacto Foradori Duncan firmado en 2016 durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, mediante el cual se acordó “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
Ambas partes acordaron, además, que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países y en ese contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección.
Ese pacto fue resistido por los excombatientes y por el gobierno fueguino, porque permitió a los kelpers disponer de mejores condiciones para posicionarse internacionalmente, sin que hubiera reciprocidad de parte de Gran Bretaña, más allá del apoyo al proceso de identificación de los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin.
En marzo del año pasado, Argentina dio por finalizado ese acuerdo, precisamente por falta de reciprocidad. De esta manera, el canciller Santiago Cafiero cerró lo que se consideró un episodio nefasto de la diplomacia local, que lesionaba la soberanía y dilapidó gran parte del trabajo histórico sobre la cuestión de las Islas Malvinas.
Los intereses extranjeros sobre Malvinas son tan estratégicos que solo pueden explicarse a la luz de la cada vez más grande base militar construida por los británicos en las islas. La pesca, la cercanía con la Antártida y la posibilidad de cruzar de un océano a otro, son motivos suficientes para retener el poder sobre ellas, aún cuando los propios ciudadanos británicos renieguen de mantener con sus impuestos tamaña fortaleza en un lugar del mundo que ellos mismos no consideran propio.
Cuestión enmarañada
A su vez, la cuestión Malvinas en Argentina es tan compleja, que alcanza con tratar de entender lo que ocurrió el año pasado con la presencia de un radar británico en Tolhuin, a pocos kilómetros del sitio elegido para construir la primera guarnición del Ejército Argentino en Tierra del Fuego. Esa situación, que ocurrió sin conocimiento del Ministerio de Defensa, que aun no tiene explicación, mientras el radar se mantiene en pie; es un claro ejemplo del laberinto en el que caminan los excombatientes.
Hoy, la cuestión Malvinas vuelve a enfrentarlos con -otra vez- un nuevo gobierno nacional, abriendo heridas que intentaban cerrarse con medidas como la de la finalización del acuerdo Foradori Duncan. Desde antes de ganar las elecciones, tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Victoria Villaruel, han incurrido en provocaciones sobre la Cuestión Malvinas hiriendo de muerte una relación que nunca llegó a ver la luz.
A Milei se lo acusa de no tener una política clara sobre la Cuestión Malvinas y su alineación con Estados Unidos sumada a su defensa por el capitalismo a ultranza, ponen en duda su verdadera preocupación por proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Más allá de los prejuicios, la inclusión de la derogación de la ley de tierras en el DNU, exacerbó los ánimos de los excombatientes, quienes presentaron un amparo y días atrás lograron que la justicia declarara inconstitucional esa medida.
Ello, sumado a los yerros de la canciller Diana Mondino frente a los avances de su par británico David Cameron y la falta de reacción ante el anuncio de los kelpers sobre la construcción de un nuevo puerto que se vende como la nueva puerta de entrada de la Antártida, hicieron que el clima se tense cada vez más, haciendo imposible un acercamiento.
Una de esas provocaciones fue la elección de parte de Villarruel de Nicolás Kasanzew como titular de la Dirección de la Gesta de Malvinas en el Senado, el único periodista argentino que cubrió todo el conflicto bélico en 1982 desde las Islas del Atlántico Sur.
Para los excombatientes, Victoria Villarruel es “una negacionista” y “Kasanzew fue un mercenario que respondía a la propaganda dictatorial, no se movía más allá de las diez cuadras que tenía el pueblo en esa época, se dedicaba a armar set de entrevistas con soldados que estaban hambreados y sumergidos en pozos llenos de agua, mientras él comía torta y tomaba whisky en casas abrigadas en Puerto Argentino con la Junta Militar”.
A estas alturas, la suspensión del desfile cívico militar en Buenos Aires, es una consecuencia más de ese desencuentro, que de la falta de recursos económicos. “Dicen que no hay plata para el desfile del 2 de abril para ocultar la negativa de los excombatientes a participar”, explica el sitio Agenda Malvinas.
Mientras tanto, en los días previos al 2 de abril se anticipó la posible presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Vigilia de Malvinas, en Río Grande.
En Río Grande. La Capital Nacional de la Vigilia, el sitio que acuna y abraza a todos los excombatientes del país. El lugar donde hay espacio para todos y donde se conserva el mismo sentimiento que hace 42 años. Donde las llamas votivas no se apagan, donde se respira Malvinas en cada pedazo de tierra y de mar. De cielo y aire.