El oficialismo definirá la propuesta de venta de Aerolíneas Argentinas ante el riesgo de que se caiga el artículo que contempla la privatización de Radio y Televisión Pública, Enarsa e Intercargo.
BUENOS AIRES (NA).- Uno de los puntos centrales contemplados en el proyecto de Ley Bases que se debatirá en la Cámara de Senadores son las privatizaciones o concesiones de once empresas públicas, aunque hay dudas que se mantenga la venta de Aerolíneas Argentinas.
La libertad Avanza quiere mantener la propuesta contemplada en el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, pero hay resistencia de que pueda mantener en la lista a la empresa de aviación.
Pero en el caso de Aerolíneas Argentinas hay resistencias de los senadores del Sur como en caso del radical fueguino Pablo Blanco y de la chubutense Edith Terenzi que van a aprobar en general el dictamen de mayoría, pero se oponen a la venta de la empresa aérea al sostener que algunas provincias quedarán aisladas.
Si a ese rechazo se suman los 33 votos de UP y algún otro legislador dialoguista, el Gobierno corre el riesgo no solo que se elimine la privatización de Aerolíneas Argentinas, sino de las otras empresas que están comprendidas en el artículo 7 de la Ley Bases como RTA, Intercargo y Enarsa.
En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.
En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin.
Otra empresa sujeta a privatización será el Complejo Carbonífero, Ferroviario y Portuario a cargo de de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La Ley Bases establecerá que La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones deberá ser informada de la modalidad y procedimiento seleccionado conforme cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente del Poder Ejecutivo.
También las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y de toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización, al tiempo que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación actuarán en colaboración permanente con esta comisión.