El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente admisible una demanda que presentó la empresa Gualdesi Hnos. contra el Gobierno provincial, por el cobro de una millonaria deuda surgida por la imposibilidad de cobrar servicios que fueron prestados en el año 2007, como consecuencia de una denuncia penal que fue presentada en el 2008 y que dio lugar a un largo proceso judicial que terminó en una condena que, años más tarde, fue anulada.
USHUAIA.- En su resolución, el Superior Tribunal da curso a la acción iniciada el 8 de noviembre de 2023 y ordena su traslado al Fiscal de Estado. Además se ordenó librar oficio al Gobernador haciéndole saber el inicio de la demanda.
Gualdesi solicita que el Gobierno abone las sumas que resulten por el «…suministro de 7.170 módulos alimentarios a la Provincia demandada durante un plazo comprensivo de 16 meses y la entrega de pollos frescos en cantidad a determinar, lo que totaliza la cantidad de 114.720 módulos alimentarios…», más los daños y perjuicios ocasionados por la lesión a la imagen comercial de la empresa y actualización monetaria, con intereses y costas.
Pretende, asimismo, que se declare la nulidad absoluta del decreto 1168/08 y de todo acto que se oponga a la ejecución o pago de la deuda.
En su escrito, el apoderado legal de la empresa expone que fueron efectuados numerosos reclamos ante la administración pública provincial, los que dieron lugar a expedientes administrativos, con lo que el Gobierno efectuó oportunamente el reconocimiento de la deuda, el que se materializó en letras de tesorería que le fueron entregadas para su posterior cancelación.
No obstante ello y ante la tramitación de un proceso penal iniciado por la demandada, que generó la entrega de las actuaciones a la justicia por un período prolongado, quedó imposibilitada de perseguir el cobro de sus acreencias. Sin embargo, devueltos los documentos administrativos, reinició el reclamo por las sumas adeudadas culminando con el dictado del decreto provincial 573/23 del 23 de febrero del 2023, mediante el cual se desestimó su pretensión.
La causa penal
En mayo de 2014, Gualdesi fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “peculado en concurso ideal con falsificación de instrumento público”.
El juicio analizó uno de los casos de corrupción ocurridos durante la última parte de la gestión del exgobernador Hugo Cóccaro, y que fue denunciado por la gobernadora Fabiana Ríos en el año 2008.
Se investigó el pago de 8,2 millones de pesos por parte del gobierno a la empresa “Gualdesi Hermanos” en diciembre de 2007, a cambio de bolsones de alimentos para personas indigentes. Los pagos fueron realizados con Letras de Tesorería emitidas por el Estado.
En el año 2022, el Superior Tribunal de Justicia revisó la sentencia que dictó el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia y concluyó que no había evidencias suficientes para sostener el veredicto, y absolvió a todos los condenados. La resolución fue dictada por los jueces María del Carmen Battaini, Ernesto Löffler y Gonzalo Sagastume.
“Entiendo que las actuaciones incorporadas en la presente causa no han logrado probar con la certeza requerida la falta de prestación por parte de la firma Gualdesi Hnos. SRL del servicio cuyo pago se cuestiona y ello resulta razón suficiente para arribar al pronunciamiento que se propone. Si bien existen elementos que pueden haber llevado al Tribunal a creer tal hipótesis sustentada por la parte acusadora, existen igualmente probados en autos elementos que desmienten tal afirmación, y que generan un estado de duda insuperable para el juzgador en su tarea de conocer la verdad de los hechos”, escribió la jueza Battaini en su voto.
Basada entonces en una situación de duda, la magistrada afirmó que el tribunal de juicio condenó a los implicados “haciendo un análisis formal, pero netamente dogmático, de las actividades realizadas en función a los procedimientos fijados para la Administración Pública”.